El Parlamento insta al Gobierno a elaborar un plan de futuro para el Hospital de Laredo

El Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno regional (PP) a poner en marcha, en un máximo de seis meses, medidas urgentes que partan de la elaboración de un plan concreto de futuro sobre el conjunto del Hospital Laredo, con hitos a cumplir a corto, medio y largo plazo.

También le ha pedido modificar el modelo organizativo «impuesto» recientemente por la Gerencia, en un máximo de dos meses, con la participación y el consenso de todos los profesionales.

Se trata de una moción presentada por el PRC y que ha incluido una enmienda de modificación de Vox, en la que se propone, además de finalizar las obras de climatización y comenzar las de la ampliación del laboratorio en el plazo de tres meses; poner en marcha «con la máxima celeridad posible» las obras de la fase II del Hospital de Laredo para mejorar las infraestructuras, y ampliar las consultas externas.

El texto también insta a poner en marcha medidas concretas para atraer a nuevos profesionales, manteniendo la misma dotación de personal que existía hasta finales del año pasado en el hospital, para asegurar el buen funcionamiento de todo el bloque quirúrgico y de la actividad, tanto ordinaria como extraordinaria, así como aumentar, de manera urgente, la plantilla de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) hasta cubrir las necesidades del servicio de hospitalización en el hospital.

La regionalista Paula Fernández ha señalado que los pacientes del Hospital de Laredo tienen que tener «los mismos derechos» que los que van a Valdecilla, Tres Mares o Sierrallana.

En este sentido, ha criticado que en Laredo las instalaciones están «obsoletas» y hay «insuficiencia» de personal.

Además, ha censurado que el equipo de Dirección del hospital ha introducido de «manera unilateral» cambios organizativos en el día a día del trabajo de los profesionales, que en el caso del personal de quirófano está pasando por una situación de «sobrecarga insostenible».

En concreto, ha denunciado que se ha quitado a la enfermera del turno de noche y el área quirúrgica se encuentra «sin reanimación y sin esterilización», una «deficiencia histórica» ante la que los regionalistas piden que se vuelva «a las situaciones anteriores».

Desde Vox han compartido la «preocupación» por la situación actual del Hospital de Laredo, que atiende a unos 100.000 pacientes durante todo el año, cifra que aumenta durante el verano, y han coincidido en la necesidad urgente de actuar para mejorar la situación del hospital y garantizar una atención sanitaria de calidad para todos los ciudadanos de la zona oriental.

En la misma línea, al PSOE le parece «razonable» tener un plan concreto para el Hospital de Laredo dado que, ha censurado, a lo largo de 2023 y 2024 «no se ha ejecutado nada de lo que estaba» recogido en las cuentas regionales, al tiempo que ha abogado por «potenciar al conjunto de la organización» porque «si das más al que viene de fuera que al que está adentro, pues al que está adentro termina marchándose».

También los populares han apoyado la iniciativa al entender que entra dentro «la hoja de ruta» del Gobierno para el futuro del Hospital de Laredo.

Según han indicado, ya se están «poniendo en marcha» las iniciativas que el anterior Ejecutivo (PRC-PSOE) «dejaron pendientes». En este punto, han recordado que el año pasado se contrataron 37 nuevos profesionales y el objetivo es seguir aumentando esa plantilla.

Así, han asegurado que ya hay un proyecto de futuro en el hospital y un «cambio de tendencia», tanto en el aumento de profesionales como en la mejora de las instalaciones y infraestructuras, al tiempo que han apostado por seguir mejorando y apostando por el Hospital de Laredo.

IMPUESTO SOBRE EL DEPÓSITO DE RESIDUOS

Por otro lado, el Pleno ha rechazado una proposición no de ley (PNL) del PSOE para que la asignación procedente del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos tenga un carácter finalista y revierta en su totalidad y directamente en las corporaciones locales de Cantabria.

Los socialistas defendían que se estableciera un mecanismo de devolución a los entes locales para «que este impuesto pueda reinvertirse en la construcción de infraestructuras, sistemas de gestión, estimular las buenas prácticas y programas formativos y hacer más atractiva la recogida selectiva y no destinar esa recaudación».

Mientras, los regionalistas, que han recordado que los ayuntamientos tienen que modificar ahora sus ordenanzas para adecuar las tarifas al coste real de servicio, creen que el Gobierno de Cantabria tiene que «colaborar» con los mismos para que cumplan lo mandatado por la ley.

Sin embargo, los populares consideran que «bajar unos impuestos para subir otros es engañar a los cántabros», por lo que rechazan el «tasazo de Sánchez» y «esta propuesta tramposa», al tratarse, a su juicio, de «otro caramelo muy poco dulce» del PSOE.

Asimismo, desde Vox, que han señalado que el PP «se negó a derogar el artículo 11.3 de la Ley de Economía Circular en el Congreso de los Diputados y evitó imponer un recurso del Tribunal Constitucional a través de la Federación Española de Municipios y Provincias por la intromisión que supone el tasazo en la autonomía fiscal de los ayuntamientos», han avanzado que seguirán solicitando «de verdad y en solitario» su derogación.