El Parlamento etíope resuelve la disolución de las instituciones locales de Tigray
La cámara alta del Parlamento etíope ha aprobado a primera hora de este sábado la disolución tanto del Ejecutivo como de la legislatura de la región de Tigray, en el norte del país, epicentro de un conflicto que ha estallado esta semana y amenaza con desatar la guerra civil en el país africano.
La cámara «ha adoptado una resolución para abolir la actual asamblea regional ilegal de Tigray y a su gobierno, con el fin de establecer una administración en funciones», según ha informado la radio televisión pública etíope EBC.
Este dictamen supone una intervención política directa tras varios días de operaciones militares del Ejército etíope contra el Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF) tras acusar a la organización de un ataque contra un campamento del Ejército.
En virtud del mismo, el primer ministro del país, Abiy Ahmed, gozaría de competencias para administrar la región a través de esta administración en funciones, expulsando del proceso de decisiones al TPLF.
Esta formación ejerció como partido fuerte dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), una alianza sustentada en las etnias, hasta la llegada al poder de Abiy Ahmed, el primer oromo en convertirse en jefe de Gobierno.
Apartado del poder, el TPLF ha visto en las reformas acometidas por Abiy, en particular las relativas a abusos de Derechos Humanos y de reconciliación con grupos armados entre otros, como una caza de brujas contra sus dirigentes, los cuales se vieron en muchos casos apartados de los cargos que ocupaban.
La ruptura definitiva la marcó la creación del Partido de la Prosperidad a finales de 2019 por parte de Abiy para dejar atrás al EPRDF. Todos los partidos que integraban la alianza gobernante, y algunos más en su órbita, se sumaron a la nueva formación, con la excepción del TPLF, lo que también dejó al partido al margen de la toma de decisiones en el Gobierno federal.
Así las cosas, el TPLF siguió adelante con el plan de celebrar elecciones en Tigray en septiembre pese a que la comisión electoral había decidido el aplazamiento de las generales al próximo año por la pandemia y a las presiones del Gobierno para que no siguiera adelante con sus planes.
Posteriormente, anunció que no reconocía al Gobierno central y reclamó a todos sus representantes que abandonaran las instituciones argumentando que Abiy se encuentra ilegalmente en el cargo tras el fin de su mandato.