El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de España a «revisar la denegación de asilo» a los saharauis en Barajas
PAMPLONA, 9
La comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional del Parlamento de Navarra ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de UPN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin, la abstención de Vox y el voto en contra de PSN, una resolución por la que se insta al Gobierno de España a «revisar la denegación de asilo a los activistas saharauis que se encuentran en el aeropuerto de Barajas, garantizando que se evalúe de forma justa y transparente conforme al derecho internacional».
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Gobierno central a «tomar las medidas necesarias para asegurar que se respeten los derechos humanos de los solicitantes de asilo saharauis, especialmente aquellos que alegan situación de persecución política y/o tortura». Este punto ha sido aprobado por unanimidad.
Del mismo modo, en el tercer apartado, el Parlamento de Navarra insta al Gobierno de España a «que, en tanto en cuanto se adoptan las medidas anteriores, no se proceda a la devolución a Marruecos y se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que su estancia en España se haga en condiciones de salubridad, adecuada y sin malos tratos».
Por último, y a través de una enmienda in voce de adición presentada por los grupos proponentes de la moción, el Parlamento de Navarra «rechaza las deportaciones de los activistas saharauis ejecutadas por el Gobierno de España el pasado jueves 3 de octubre y el pasado domingo 6 de octubre, e insta a los Ministerios de Interior y de Exteriores del Gobierno de España a realizar la repatriación urgente a territorio español de los activistas ya deportados a Marruecos».
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin expone la situación en la que se encuentran alrededor de 30 activistas saharauis en el aeropuerto de Madrid-Barajas, tras serles denegada la entrada y la solicitud de protección internacional por el Ministerio de Interior de España.
Los activistas saharauis, que alegan ser «perseguidos políticos y temen por su seguridad si regresan a su país», han iniciado una huelga de hambre «para denunciar las insalubres condiciones en las que se encuentran detenidos y para pedir que sus solicitudes sean evaluadas individualmente, ya que consideran que han sido rechazadas de forma generalizada».
En ese sentido, los proponentes añaden que España, que tiene «responsabilidades jurídicas y políticas» en tanto en cuanto «potencia descolonizadora», no puede «seguir mirando hacia otro lado mientras se violan sistemáticamente los derechos humanos en el Sahara Occidental».
