El Parlamento de Ecuador cesa al Defensor del Pueblo por incumplimiento de funciones
La Asamblea Nacional de Ecuador ha aprobado el cese del Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, por incumplimiento de funciones, a raíz de una polémica fiesta a la que acudió en mayo y en la que, según la Fiscalía, pudo haber cometido un delito de abuso sexual que por ahora le mantiene entre rejas.
Carrión permanece detenido desde el mes de mayo, por los presuntos hechos cometidos durante una fiesta en la vivienda del exministro de Salud Mauro Falconi, en pleno estado de excepción por la pandemia de coronavirus. Entonces, habría utilizado su coche oficial y seguridad policial.
La polémica motivó la presentación de un juicio político en la Asamblea que finalmente se ha saldado con la sustitución de Carrión, así como con su inhabilitación para el ejercicio de cargo público durante un plazo de dos años, según un comunicado del órgano legislativo.
En la votación, celebrada ya de madrugada, participaron 136 diputados, de los cuales 75 votaron a favor del cese, 47 se pronunciaron en contra y 14 se abstuvieron. El texto recomienda también el inicio de un proceso contra Falconí que, «de ser procedente», derivará en otro juicio político contra él, a pesar de que ya no forma parte del Gobierno.
Carrión ha retornado a la cárcel de Quito donde permanece recluido y está previsto que el viernes acuda a una vista en la Corte Nacional de Justicia, según el diario El Universo .
De forma paralela, el Consejo de Participación Ciudadana debe iniciar el proceso para elegir un nuevo Defensor del Pueblo, designado en función de un concurso de méritos. Carrión ocupaba el cargo desde abril de 2019 y cobró especial relevancia durante las protestas de octubre contra el Gobierno del entonces presidente, Lenín Moreno, cuando denunció abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.
CARRIÓN SE DEFIENDE
De hecho, Carrión ha vinculado que intentase «buscar la verdad» durante las manifestacIones, así como tratar «temas sensibles» e «investigar actos de corrupción», entre las razones que habrían motivado las acusaciones contra él, que considera de índole política.
«Mi deseo es ser tratado con justicia y que se respete las garantías básicas del debido proceso», ha enfatizado, añadiendo que sobre él solo pesa «una medida cautelar» y no hay condena alguna en su contra, según el resumen de su declaración publicado por la Asamblea Nacional.
En cuanto a los hechos acaecidos en la casa del ex ministro, ha asegurado que no acudió a ninguna «reunión social» y que solo pretendía recabar pruebas para demostrar una supuesta trama para vacunar a altos cargos contra la COVID-19 antes de tiempo.
