El Parlamento de Cantabria se opone a la reforma de la acusación popular con los votos de PP y Vox

El PSOE defiende la reforma para acabar «con el acoso de acciones judiciales abusivas» y «basadas en recortes de prensa»

El Parlamento de Cantabria se ha posicionado este lunes en contra de la reforma de la acusación popular propuesta por el PSOE en el Congreso de los Diputados a través de la proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales.

La proposición no de ley planteada por los populares en la Cámara cántabra ha salido adelante con los votos a favor del PP, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio pese al rechazo de los socialistas y la abstención del PRC.

Desde el PP, el diputado regional y senador autonómico, Iñigo Fernández, ha considerado necesario que la Cámara regional se pronuncie sobre esta propuesta del PSOE, que ha denominado Ley Begoña en referencia a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Fernández ha advertido que, si la modificación sale adelante, «la señora Begoña Gómez quedará libre de toda investigación judicial y quedará libre de sentarse en un banquillo a pesar de estar siendo investigada por tráfico de influencias, por corrupción en los negocios y por apropiación indebida».

Y ha dicho que, con esta propuesta de los socialistas, «además libraría el hermano» del presidente. «Se trata de que a la familia de Pedro Sánchez no se le puede juzgar, hagan lo que hagan», ha apostillado.

En la misma línea se ha pronunciado Vox, cuya portavoz, Leticia Díaz, ha considerado que se trata del «enésimo ataque a la democracia» del PSOE, ahora para limitar la acusación popular y lograr «la amnistía a los casos de corrupción que afectan a la familia del presidente Sánchez».

«¿Se han fijado en el balance legislativo de este Gobierno?. Eutanasia, memoria histórica sectaria, ley trans, ley del sí es sí, indultos, amnistía, rebajas de penas, supresión de la sedición, reforma de la malversación, una ley de vivienda que empeora el acceso y protege a la ocupación y ahora medidas para proteger la corrupción», ha criticado.

Para la parlamentaria de Vox, «cuando uno ve todo esto, se da cuenta de que Sánchez es sinónimo de corrupción y es sinónimo de avance y camino hacia el totalitarismo».

Frente a las consideraciones de ambos grupos, desde el PSOE, el diputado Mario Iglesias ha señalado que lo que pretende la proposición de ley es acabar «con el acoso de acciones judiciales abusivas» y «basadas en recortes de prensa» y que, ha dicho, están en su mayoría promovidas por «sectores ultras» y no sólo en España sino también en muchos otros países.

«Estamos asistiendo a la persecución y difamación sistemática de artistas, creadores, científicos, periodistas y adversarios políticos por parte de sectores extremistas, sectores de la ultraderecha que pervirtiendo las herramientas del Estado de Derecho utilizan las acciones judiciales como vehículo para sus objetivos», ha dicho Iglesias.

Y ha apuntado a que, en los últimos meses, en España «la lista de personas perseguidas y acosadas no ha hecho más que aumentar» y, por ello, «ante la gravedad de estos hechos, es necesario actuar con una ley para impedir los mecanismos del acoso».

Ha detallado que la propuesta consiste en que la reforma de la acusación popular, la obligación de inadmitir querellas basadas en recortes de prensa, la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos y la abstención y recusación de jueces por declaraciones de contenido político.

Mientras que, desde el PRC, su portavoz, Pedro Hernando, ha considerado «absolutamente innecesario este debate» en Cantabria y, sobre el asunto, ha indicado que los regionalistas pueden estar «en desacuerdo» con algunas cuestiones que plantea la reforma pero no así con que se suprima el delito de ofensas contra sentimientos religiosos y lo referente a los pronunciamientos políticos de los jueces.

En cuanto a la reforma de la acusación popular, Hernando ha opinado que para afrontarla hay que «ser enormemente mesurado con los límites que se pueden establecer». No obstante, ha achacado la discusión sobre esta reforma a que «ustedes del PP y del PSOE están a la gresca e intentan utilizar las posiciones políticas para hablar de esa equidistancia de las instituciones».