El Parlamento de Cantabria pide medidas «urgentes» para minimizar impacto a empresas del aumento del coste energético

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes una iniciativa en la que insta al Gobierno de España a implementar de forma urgente medidas para minimizar el impacto en las empresas de la comunidad ante el incremento exponencial de los costes energéticos.

La moción, que ha partido del PP, ha hecho votar diferente a los dos socios de Gobierno (PRC y PSOE) ya que mientras los regionalistas han votado a favor de la misma, junto a PP, Cs y la diputada no adscrita Marta García, los socialistas se han abstenido, lo mismo que Vox.

Desde el PP se ha defendido que la situación no ha hecho más que agravarse hasta hacerse «inasumible» y ha llevado a la paralización de muchas de empresas significativas de la región, por lo que se hace necesario instar al Gobierno de España a aprobar un nuevo decreto referente al mecanismo de compensación de emisiones indirectas de CO2 que aporte, además de los 244 millones aprobados provisionalmente, los fondos necesarios hasta el límite permitido por la Comisión Europea, en línea con lo ya autorizado en otros países como Alemania.

Además, ha criticado la actitud el pasado lunes del consejero de Industria, Javier López Marcano (PRC), quien anunció la inversión por parte del Ministerio de más de 11 millones en ayudas para doce empresas electrointensivas de Cantabria, ya que, a su juicio, «hay muy poco de lo que sentirse orgulloso ante esta carencia total de gestión» por parte del Gobierno central, porque las ayudas llegan «muy tarde» y «con la mitad del importe que deberían haber tenido».

El PRC ha apoyado y valorado positivamente la propuesta del PP por la situación de «incertidumbre total» que tiene lugar debido a la guerra en Ucrania, aunque ha subrayado, al igual que el diputado del PSOE, Javier García-Oliva, las «buenas» medidas que el Gobierno central ha llevado a cabo en los últimos meses convirtiendo a España es uno de los países con el menor precio de la luz en Europa.

Cs cree que al Gobierno de España le falta «interés y rapidez» en el problema que afecta a las empresas electrointensivas, y que las ayudas que llegan «no son suficientes».

RECHAZO AL RESTO DE PROPUESTAS DE LA OPOSICIÓN

A diferencia de este punto, el resto de propuestas de la oposición debatidas en el Pleno de hoy no han salido adelante.

Así, se ha rechazado una del PP, ampliada por una enmienda de Vox, en la que se instaba a la Cámara a expresar su «preocupación» por el problema de la ocupación ilegal de viviendas y se planteaban algunas «soluciones» contra este fenómeno.

Entre otros puntos, se pedía al Gobierno PRC-PSOE a instar al Ejecutivo central a promover los cambios en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para endurecer las penas a los okupas y acelerar los desalojos para que sean en un máximo de 24 horas. Además, se reclamaba al Ejecutivo regional a llevar a cabo algunas medidas en el ámbito de sus competencias.

La propuesta no ha salido adelante pese a que todas las fuerzas políticas han reconocido que la ocupación ilegal de viviendas es un problema, si bien no todos consideran que tiene la misma gravedad.

Así, el PP ha asegurado que constituye un problema «bastante serio» y supone un «drama» para los afectados, no solo para aquellos propietarios que ven ocupadas sus casas sino para las comunidades de vecinos, «rompiendo la convivencia» y en una línea similar se han pronunciado Cs y el PRC, que afirma que está «en alza». Más allá, ha ido Vox, que cree que en España se pone una «alfombra roja a los okupas».

Todos estos partidos han incidido en que hay varios municipios de Cantabria en que hay casos de ocupación, como Torrelavega, Meruelo, Hazas de Cesto, Argoños o Astillero, entre otros.

Sin embargo, la diputada del PSOE Yolanda Algorri ha reconocido que el problema «existe», pero no así «la alarma social» que, a su juicio, se pretende generar por parte de algunos partidos.

De esta forma, ha asegurado que en Cantabria no hay «ningún caso» de allanamiento de morada, aunque sí de usurpación. «A nadie le han ocupado su vivienda habitual cuando ha ido a comprar el pan», ha ironizado.

Algorri ha acusado al PP de estar haciendo «la campaña publicitaria a las empresas que venden alarmas» al «meter el miedo en el cuerpo» a los cántabros ante un problema con un alcance «muy escaso» y que, según ha dicho, no ha crecido en los últimos años.

Pese a que la mayoría de grupos está de acuerdo en que hay que combatir el problema de la ocupación ilegal de viviendas y llevar a cabo cambios legislativos, no ha salido adelante al no haber acuerdo sobre la iniciativa que se ha votado.

Y es que a la propuesta original del PP se han presentado tres enmiendas, dos de modificación (una del PSOE y otra del PRC con textos alternativos) y una de adición de Vox.

En esta última, se proponía añadir dos nuevos puntos en las que se insta al Gobierno regional a «en la medida que lo permitan sus competencias, se persona en causas judiciales cuando tenga conocimiento de un caso de okupación y también a promover con los ayuntamiento medidas para eliminar el IBI a las víctimas de la ocupación durante todo el periodo que dure la usurpación de las viviendas.

El PRC ha avisado de que si se aceptaba la enmienda de Vox, como ha ocurrido, votaría en contra ya que, a su juicio, planteaba medidas «no asumibles jurídicamente» como la del IBI. Así, la iniciativa ha contado con el voto en contra de regionalistas y socialistas.

La misma suerte ha corrido otra iniciativa presentada por los populares , en este caso un plan de medidas urgentes para abordar los problemas que afronta la sanidad pública, que no ha salido adelante al contar también con el rechazo de PRC y PSOE. Aunque en esta ocasión han reconocido estar de acuerdo con «el fondo» de la propuesta y con la necesidad de reformar el sistema sanitario, han defendido que debe hacerse con un estudio «más detenido», «respetando mas los plazos» y de forma «más sensata» que lo que pedía el PP, que apostaba por medidas como ampliar las plazas MIR o garantizar que no queden desiertas.

También, el Pleno ha dicho no a una iniciativa de Vox que pedía la destitución del director general de Universidades del Gobierno de Cantabria, Antonio Domínguez, por, a su juicio, haberse «autocolocado» una plaza de profesor titular de la Universidad de Cantabria, como viene denunciando desde hace semanas este partido político.

Además, Vox, en su iniciativa, instaba al Gobierno regional a crear «reglas de conflicto de intereses dentro de la normativa autonómica que impidan que cualquier alto cargo de la Consejería con competencia en el área de Universidades pueda optar a una plaza de personal docente o investigador en el ámbito de la propia UC mientras ocupe dicho cargo».

El PP había presentado una enmienda, en la que desaparecía la petición de cese y se centraba en reclamar al Gobierno regional que apruebe una regulación específica para que altos cargos y cargos directivos del Gobierno, Administración General y del sector público institucional para que no puedan participar en la elaboración y ejecución de concursos públicos de promoción profesional en los que posteriomente tomen parte.

Sin embargo, Vox no ha aceptado la enmienda del PP ya que ello suponía dejar de pedir el cese del actual director general de Universidades.

Ello ha hecho que el PP haya votado en contra pese a que coincide con Vox en los «enchufes» y «amaños» del PSOE para colocar a los suyos. «Aquí todo el mundo se está poniendo el chaleco salvavidas. Se dan codazos y se pisan porque su bote se hunde», ha dicho el diputado Álvaro Aguirre a los socialistas.

Mientras, PRC y PSOE también han votado en contra e insisten en la «limpieza» del proceso y ha asegurado que las plazas en la UC se obtienen «por méritos». Cs también ha dicho no y la diputada no adscrita Marta García se ha abstenido.