El Parlamento de Cantabria, en contra de derogar el delito de sedición, con la única excepción del PSOE

El Parlamento de Cantabria se ha pronunciado este lunes, a iniciativa del PP en el Pleno, en contra de la derogación del delito de sedición que plantea el Gobierno de España, con el único voto en contra del PSOE, que acusa a los populares de pretender «engañar» a los ciudadanos para crear «división».

A excepción de los socialistas, el resto de partidos con representación en la Cámara cántabra han apoyado una proposición no de ley (PNL) del PP en la que se insta a las Cortes Generales a rechazar la iniciativa parlamentaria presentada para reformar el Código Penal.

Con dicha reforma se plantea sustituir el delito de sedición y sustituirlo por otro desórdenes públicos agravados que contempla penas para las autoridades de 3 a 5 años de prisión –frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente– e inhabilitación de 6 a 8 años –frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual–.

La iniciativa que se ha votado esta tarde en el Pleno del Parlamento, además de rechazar la derogación del delito de sedición, tenía un segundo punto en el que se insta también al Gobierno de España a «cumplir, acatar y respetar la Constitución española en la que –señala la PNL– «no tiene cabida la sedición ni los referéndums ilegales», y, sobre todo, ratificar el artículo 2 de la Carta Magna en el que se señala que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

El debate de esta iniciativa ha hecho que los dos socios del Ejecutivo regional –PRC y PSOE– hayan votado de forma diferenciada, ya que los regionalistas se han unido al PP, Cs y Vox (estos dos últimos integrantes del grupo mixto) y a la diputada no adscrita Marta García para apoyar la PNL, mientras que los parlamentarios socialistas han votado en contra.

En la defensa de la PNL, el portavoz del PP, Íñigo Fernández, ha alertado de los «riesgos» que, a su juicio, «entraña para España alterar el delito de sedición», algo con lo que –ha dicho– el Gobierno liderado por Pedro Sánhez está «negociando apoyos políticos» con los independentistas para mantenerse en el poder, aunque ello vaya «en beneficio de los delincuentes», una postura en la que han coincidido Cs y Vox.

Ha asegurado que los votantes socialistas «con sentido común no están de acuerdo ni comulgan» con lo que pretende hacer el Gobierno.

En esto último también ha incidido el portavoz regionalista, Pedro Hernando, quien ha aludido a encuestas que señalan que «el 66% de los españoles» están en contra de introducir cambios en el delito de sedición y ha señalado que, de hecho, el 60% de los votantes socialistas lo rechazan y un 45% de los de Podemos.

Ha asegurado que el PRC y su secretario general y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, tienen «muy clara» su postura en este tema, aunque lo hagan sin darse «golpes de pecho de superioridad moral».

Y es que, en su opinión, de lo que se está hablando en el fondo de la cuestión no es del delito de sedición sino de la «protección de la Constitución» o si se va a dejar o no «desamparada penalmente» a la Carta Magna ante quienes cometan hechos como los sucedidos en Cataluña en 2017 con la declaración unilateral de independencia.

A su juicio, «no existiría la polémica» sobre este asunto si lo que se hubiera planteado es la desaparición del concepto de sedición, pero a la vez se pretendiera incorporar para situaciones como las vividas en Cataluña un delito «con penas del siglo XXI».

«No estamos hablando del concepto de sedición, sino de defender o no la Constitución, de si vamos a tener instrumenos penales contra quienes quieran subvertir el orden constitucional, las reglas del juego», ha señalado Hernando, que cree que en España «no podemos permitirnos que no exista una consecuencia penal» para quienes no cumplan con lo que dice la Cosntitución.

«¿Vamos a dejar que aquellos que incumplen la Constitución y pueden tener en el futuro intenciones de volver a hacerlo no tengan condena penal, que no tengamos un instrumento para defender la Constitución? Con los regionaistas que no cuenten», ha zanjado el portavoz regionalista.

Por su parte, el PSOE considera que la PNL y el discurso del PP sobre el asunto tiene «mucha demagogia» y «populismo» y «poco contenido» y han acusado a los populares de practicar un «patriotismo de garrafón».

Han defendido que la derogación del delito de sedición trata solo de «armonizar» la legislación española a la de las «principales demogracias europeas» donde «no existe» este tipo penal, que, a su juicio, es una figura «obsoleta».

A diferencia que lo mantenido por el PP y por varios de los portavoces de Cs y Vox, la portavoz parlamentaria del PSOE, Noelia Cobo, ha defendido que la derogación de este delito «no representa concesión alguna al independentismo».

Así, Cobo cree que el PP, con este tipo de iniciativas, «compite con la ultraderecha por un trozo del pastel eletoral». «Dejen de engañar a la ciudadanía y crear crispación y división», ha reclamado.

RECHAZO DE UNA INICIATIVA DE VOX SOBRE LA «ENDOGAMIA» EN LA UC

Antes que esta iniciativa, el Pleno ha rechazado una iniciativa de Vox para instar al Gobierno regional (PRC-PSOE) a tomar medidas para acabar con la endogamia» que, a su juicio, existe en la Universidad de Cantabria (UC), que ha contado con el voto de todos los restantes partidos del Parlamento y con la abstención de la diputada no adscrita Marta García.

Vox ha explicado que la endogamia a la que alude se pone de manifiesto,, en su opinión, con que una gran parte de los profesores permanentes de la UC son titulados y doctorados de la propia institución.

Así, Vox instaba, entre otras cuestiones, al Gobierno regional a regular la prohibición para la UC de contratar como personal docente o investigador a candidatos que hayan realizado su doctorado en la misma institución, si estos no hubiesen previamente obtenido plaza en atención a sus méritos en otra universidad, algo que, en su opinión, «permitiría evitar contrataciones endogámicas o por afinidad personal en lugar de por los méritos objetivos del candidato, incentivar la transparencia del sistema y la equidad en el acceso a las plazas, así como fomentar el intercambio de conocimiento, al incorporar docentes provenientes de otras escuelas de pensamiento».

El portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, durante la defensa de la iniciativa, ha vuelto a aludir a casos como el del director general de Universidades del Gobierno de Cantabria, Antonio Domínguez Ramos; la delegada del Gobierno, la socialista Ainoa Quiñones, o el diputado nacional del PSOE por Cantabria, Pedro Casares.

La iniciativa ha recibido el no del resto de partidos de la Cámara, que han acusado a Vox de intentar «ensuciar el nombre de la UC» con «descalificaciones y afirmaciones sin ningún tipo de sustento». De hecho, desde Cs han acusado a los miembros de esta formación de tener «fijación» con esta institución.

El PP, por su parte, cree que, con esta iniciativa, Vox trata de «intentar poner sobre la mesa», aunque sin decirlo expresamente, un «presunto caso de enchufismo sistematizado en la UC» en el que los populares «no creen y al que no le van a dar ningún pábulo».

Además, todos los partidos han defendido que la «autonomía universitaria» impide que el Gobierno de Cantabria pueda llevar a cabo lo que Vox pide.