El Parlamento cántabro urge la equiparación salarial y de jubilación para Policía Nacional y Guardia Civil

PP, PRC y Vox han votado a favor y el PSOE se ha abstenido

El Parlamento de Cantabria ha reclamado este lunes, con los votos a favor de PP, PRC y Vox y la abstención del PSOE, la equiparación salarial y de las condiciones de jubilación anticipada de los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional con las que ya gozan el resto de policías locales y autonómicas del país.

La propuesta original ha partido del PRC si bien se ha visto completada por una enmienda de adición del PP que añadía un tercer punto.

A través de la iniciativa aprobada, el Parlamento reclama que por parte del Gobierno central y de las Cortes Generales se «impulsen las medidas legislativas y no legislativas necesarias» para lograr dicha equiparación.

También les insta a implementar «por la vía de urgencia» una ley de equiparación de las condiciones de jubilación anticipada de los Cuerpos de las Policía Nacional y la Guardia Civil con el fin de que la misma entre en vigor «a la mayor brevedad acabando con el agravio comparativo y la discriminación de los derechos sociales de estos Cuerpos de seguridad».

A estos puntos, se añade, gracias a la enmienda del PP, la petición de elaborar también una ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «que impida en el futuro nuevas desigualdades en relación al resto de policías» que hay en España.

Los socialistas se han abstenido después de que el PRC no admitiera una enmienda que planteaba crear en el seno de la Comisión de Interior del Senado una ponencia encaminada a aprobar dicha ley de quiparación de las condiciones de jubilación anticipada de los Cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Nacional que se reclama (en lugar de hacerlo por la vía de urgencia), la cual ha sido rechazado por los regionalistas porque, según han apuntado, supone dilatar los tiempos para poder contar con esta norma.

El debate de la iniciativa se ha producido dos días después de la manifestación celebrada el sábado en el centro de Madrid, con la asistencia de miles de personas, para exigir mejoras laborales para policías y guardias civiles, que se reconozca su labor como profesión de riesgo, se mejoren sus condiciones de jubilación y se consiga la plena equiparación con las policías autonómicas y locales.

Han asistido in situ al debate representantes de la Plataforma por una Jubilación Digna y una Equiparación Salarial Plena.

NO DEL PARLAMENTO A LA DECLARACIÓN DE ZONAS TENSIONADAS

Lo que no ha salido adelante en el Pleno ha sido una iniciativa del PSOE que reclamaba la declaración de zonas tensionadas e n Cantabria como forma de garantizar el derecho a una vivienda digna, una petición en la que se ha quedado solo y en contra de la que ha votado el PP, PRC y Vox.

«Su intervencionismo es salvaje y destructivo», le ha reprochado el diputado popular Rafael de la Gándara, quien ha advertido a los socialistas que «mientras el PP gobierne en Cantabria, no lo va a permitir».

Desde Vox también se ha recriminado a los socialistas que apuesten por «intervenir los mercados, para convertirnos en Cuba o Venezuela».

Su diputado Armando Blanco ha defendido que «en Cantabria no hay zonas tensionadas, sino zonas caras y baratas».

A su juicio, no tiene sentido decir que hay zonas tensionadas cuando –ha dicho– a escasos minutos de Santander hay viviendas de 100 metros cuadrados a precios de «50.000 o 60.000 euros». Según ha dicho, lo que habría que preguntarse es por qué la gente «no quieren ir a esos barrios». «¿En qué está convirtiendo la izquierda estos barrios?», ha preguntado.

Y el PRC ha defendido que en España y en Cantabria «no hay zonas tensionadas, sino familias tensionadas» que tienen que destinar más del 30 por ciento de sus gastos anuales a pagar el alquiler.

AYUDAS BIENESTAR ANIMAL

Tampoco se ha aprobado en el Pleno, por el voto en contra del PP y Vox, una moción del PRC para instar al Gobierno de Buruaga a poner en marcha antes de junio una línea de ayudas dirigidas a facilitar y apoyar que los municipios con mayores dificultades por la falta de medios humanos y materiales, con especial atención a los municipios en situación de despoblación, puedan aplicar las competencias que la Ley de Bienestar Animal determina para las entidades locales.

Además, en la iniciativa se instaba al Gobierno de España a acometer de inmediato el desarrollo normativo de la Ley y establecer los cauces institucionales de cooperación y colaboración con el resto de Administraciones públicas implicadas en la ejecución de esta norma.

El diputado del PRC Guillermo Blanco, exconsejero de Desarrollo Rural y Ganadería, ha expresado la oposición de su partido a esta ley, pero ha recordado que mientras esté en vigor «hay que cumplirla».

Ha avisado de que la norma otorga unas competencias a los ayuntamientos que los más pequeños «no tienen capacidad» ni recursos para aplicar.

Es por ello por lo que ha reivindicado la puesta en marcha por parte del Ejecutivo regional de ayudas que permitan que los ayuntamientos poder hacerlo mientras la ley esté en vigor.

El PP ha votado en contra al entender que lo que se debe hacer con esta norma, en vigor desde septiembre de 2023, es «instar a que se derogue» porque, a su juicio, es una «pésima» ley que «no cumple» el objetivo de proteger a los animales y evitar su maltrato y abandono.

Pese a votar en contra, la diputada del PP y alcaldesa de Los Tojos, Belén Ceballos, ha reivindicado que el Gobierno regional, junto con la Federación de Municipios de Cantabria está trabajando en la adopción de medidas necesarias para «paliar los efectos» que tendrá esta ley para los ayuntamientos más pequeños, algo que, a su juicio, debería encargarse el Gobierno central.

Vox también ha votado en contra, no porque esté en contra de una línea de ayudas para ayudar a los ayuntamientos más pequeños a cumplir la norma, sino porque para este partido se trata de una ley «absurda», «disparatada», «técnicamente mala», «incoherente» y «contraria a los intereses del mundo ganadero».

Los regionalistas sí han contado con el apoyo de los socialistas, que han reconocido que esta ley es «muy exigente con los ayuntamientos» y va a requerir «gastos notables en muchos aspectos», pero ha insistido en que «hay que cumplirla» y que el Gobierno regional debe estar al lado de los ayuntamientos.

DECLARACIÓN SOBRE EL SÁHARA Y PÉSAME POR LA MUERTE DEL BOMBERO FORESTAL

Justo antes del Pleno, en el patio del Parlamento, se ha leído la declaración institucional que salió de la reunión que celebraron los intergrupos parlamentarios Paz y Solidaridad con el Sáhara , en Vitoria el pasado enero.

En dicha declaración, los integrupos parlamentarios piden que España exija a Marruecos el «escrupuloso respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental» y el cese de «las vulneraciones de derechos que sufre la población saharaui». Además, reclaman a la ONU que promueva sin más dilación la solución del conflicto mediante «el ejercicio al derecho de autodeterminación».

El Intergrupo parlamentario de Cantabria está compuesto por los diputados Álvaro Aguirre (PP), Teresa Noceda (PRC) y Jorge Gutiérrez (PSOE).

Por otra parte, durante la sesión plenaria, diputados de varios grupos han expresado sus condolencias por el fallecimiento este domingo del bombero forestal que murió cuando trabajaba en la extinción de un incendio en Cabuérniga, un pesar que también este lunes ha expresado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido con la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga.