El Parlamento cántabro, sin el PSOE, llama a Bolaños a atender las peticiones de los funcionarios de Justicia

PP, PRC y PSOE tumban una propuesta de Vox contra la inmigración ilegal y critican su mensaje «racista y xenófobo»: «Es una barbaridad»

Todos los grupos del Parlamento cántabro salvo el PSOE han aprobado en el Pleno de este lunes una proposición no de ley (PNL) que hace un llamamiento al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a que atienda las reivindicaciones retributivas de los funcionarios de «todo el territorio nacional».

La iniciativa ha sido impulsada por los populares , con varios puntos que se resumen en que «no paguemos ningún peaje en Cantabria por el dinero que se va políticamente a otras comunidades», especialmente las que tienen competencias transferidas en materia de Justicia. «Lo que estamos reclamando es dinero propio» y «que los sanchistas no sisen a Cantabria», han defendido.

PP, PRC y Vox han lamentado que el acuerdo alcanzado en abril por Bolaños para los funcionarios incluye solo a dos sindicatos y «deja fuera a buena parte» de organizaciones representativas y a distintos eslabones de la Administración de Justicia, un asunto que en Cantabria afecta a 700 funcionarios.

Es por ello que este acuerdo «no pone fin al conflicto laboral» que provocó en 2023 varias huelgas de jueces, magistrados y letrados que recientemente se han retomado, lo que repercute en el trabajo diario de la Administración de Justicia y en definitiva en los ciudadanos al retrasarse los juicios y procedimientos.

Así lo han remarcado los portavoces de PP, PRC y Vox, frente a los que el PSOE –el único que ha votado en contra de la PNL–, ha defendido que el ministro ha logrado un «exitoso acuerdo con los sindicatos» y ha remarcado el «esfuerzo» inversor del Gobierno central en este ámbito.

«El Gobierno de España está revirtiendo los recortes del PP en la Administración de Justicia», ha sostenido el socialista Mario Iglesias, subrayando que el Ministerio está «está impulsando una justicia sólida, invirtiendo en más profesionales y recursos para garantizar un servicio público eficiente».

Es por ello que el PP ha replicado que los socialistas cántabros «siguen sometidos a las cloacas del sanchismo y les dan igual los 700 funcionarios que hay en Cantabria». «Es un dinero que pertenece a Cantabria y nos lo están robando».

«A ustedes les interesa un Ministerio fiscal que no investigue Begoña, que tape el caso Koldo». «Quieren al final nombrar a los jueces ustedes», ha lamentado Rafael de la Gándara.

Por su parte, la regionalista Rosa Díaz ha incidido en que el conflicto debe resolverse mediante «el diálogo con todos», ya que las consecuencias para los ciudadanos «están llegando ya a un punto insostenible»; al igual que, desde Vox, Cristóbal Palacio ha remarcado el «enorme retraso» provocado en los juicios por la pandemia y las huelgas, además de que se ha quejado de que el acuerdo recientemente firmado «provoca una discriminación por comunidades», ya que ha defendido que éste debe ser «universal».

La PNL aprobada incluye varios puntos en los que pide al Gobierno de Cantabria instar al Gobierno central a incluir en la próxima Conferencia Sectorial de Justicia las propuestas para atender a las reivindicaciones retributivas de los basadas en los cambios de las leyes de eficiencia proyectadas por el Gobierno de España y su incidencia en las funciones que realizan.

También que presente ante las comunidades autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia un plan de compensación económica por las medidas que se adopten para normalizar y resolver los retrasos causados por los conflictos laborales generados por las transformaciones estructurales en la Justicia, así como que el ministro informe «con claridad y transparencia», tanto en el ámbito parlamentario como en el de la Conferencia Sectorial de las propuestas, compromisos retributivos y alcance territorial del acuerdo.

Y además insta a Bolaños a asumir sus responsabilidades en la negociación de las condiciones laborales de todos los integrantes de los cuerpos generales de auxilio, tramitación y gestión de todos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, así como en la negociación de las propuestas retributivas en el complemento general del puesto respecto a la totalidad de los más de 40.000 funcionarios de Justicia.

INMIGRACIÓN ILEGAL

Tras esta propuesta la Cámara ha debatido en la sesión matinal del Pleno otra PNL de Vox que en su caso ha sido rechazada, ya que pedía que el Parlamento rechazara el contenido de la iniciativa legislativa popular (ILP) actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados para la regularización de más de 500.000 inmigrantes ilegales.

Los grupos nacionales de PP y PSOE votaron en el Congreso a favor de admitir a trámite la iniciativa y por ello han rechazado la propuesta de Vox, al igual que el PRC, quien la ha tildado de «barbaridad» por su mensaje «racista y xenófobo» y por ir «en contra de 17 tratados internacionales» y de la Constitución Española.

Y es que en su defensa, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha dicho que la inmigración descontrolada genera «pobreza, violencia y erosión de la democracia».

Y ha aclarado que el grupo no rechaza a los inmigrantes de Iberoamérica, que «se integran fácilmente porque compartimos tradiciones religiosas y vienen con el objetivo de trabajar y de integrarse y sacar adelante a sus familias»; sino que pone el foco en los que vienen «fundamentalmente de países africanos, y más si provienen de países radicales islamizados, pues importan la violencia y la falta de integración».

«Vienen varones jóvenes y fuertes dispuestos para la yihad, dispuestos, en muchos casos, para recuperar ese al-Andalus», ha dicho, añadiendo que sus costumbres «nos devuelven al medievo».

También ha lamentado que «tenemos un problema que no queremos mirar de frente» cuando hay «noticias crecientes por desgracia sobre cómo nos roban, cómo nos golpean, cómo ocupan nuestras viviendas, cómo agreden sexualmente considerando los cuerpos simple mercancía con la que satisfacer sus instintos». «Sabemos que necesitamos una inmigración ordenada y legal donde impere la reciprocidad entre las naciones», ha insistido.

Ante estas afirmaciones, el PP ha respondido a Voz que «esa actitud nada ayuda al éxito de sus pretensiones» ya que la mayoría de las medidas que propone su PNL «no apelan ni a la mesura ni al consenso». Además, ha defendido que la ILP para regular a migrantes busca «la protección de nuestras fronteras y alcanzar un control de los flujos migratorios irregulares», teniendo en cuenta además «la necesidad de mano de obra que nuestro mercado laboral demanda».

Mientras, el PSOE ha condenado los «discursos del odio y xenófobos que lleva Vox a los parlamentos» y ha recalcado que actualmente «casi siete de cada diez autores de delitos son de nacionalidad española», por lo que ha pedido al partido que «deje de mentir y de meter miedo a la ciudadanía».