El Parlamento balear pide el desmantelamiento de la piscina del periodista Pedro J. Ramírez en Mallorca
PALMA, 8
El pleno del Parlamento de las Islas Baleares ha aprobado este martes, a propuesta de MÉS per Mallorca, una Proposición No de Ley (PNL) para instar a la Administración General del Estado a ejecutar el desmantelamiento y retirada de la piscina, la terraza y el embarcadero del periodista Pedro J. Ramírez en Costa des Pins (Son Servera) de acuerdo con el artículo 174 del Reglamento General de Costas.
En la defensa de la proposición, el diputado ecosoberanista Josep Ferrà ha recordado que el Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso del hijo del periodista en contra de la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba las órdenes del Ministerio de Medio Ambiente y que permitían el uso 60 años más.
El desmantelamiento, ha explicado Ferrà en referencia al pronunciamiento de la Audiencia, es la única manera de garantizar el disfrute del dominio público marítimo terrestre.
«Ha perdido el PP y una familia que trató de hacer suyo en pedazo de nuestra costa», ha afirmado el diputado ecosoberanista.
Ferrà ha recordado y criticado que el expresidente del PP y expresidente del Govern, Jaume Matas, acudiera a las manifestaciones en defensa de la piscina del entonces director de El Mundo .
La diputada del PP Núria Riera, por su parte, ha expresado su respeto al pronunciamiento judicial, aunque ha criticado la interpretación «sesgada» de las decisiones judiciales «cuando les interesa» al tiempo que ha recordado que «hasta ahora» estaban avaladas judicialmente.
Riera, en todo caso, ha recordado las «ridículas» imágenes de los activistas que «asaltaron» una propiedad privada «no para proteger el territorio ni el dominio público sino para ganar protagonismo».
La diputada del PP ha calificado la propuesta como una «ocurrencia» para tapar la inacción para proteger el dominio público marítimo terrestre. En todo caso, los populares se han abstenido.
La portavoz de Cs, Patricia Guasp, ha criticado que insten y urjan al cumplimiento de estos pronunciamientos judiciales y no a las que obligan a que el 25 por ciento de las horas de clase se impartan en castellano. «También nos debería preocupar la lentitud de la justicia», ha añadido Guasp.
La diputada de Més per Menorca Patricia Font ha celebrado que se ponga fin a «una historia de privilegios y privilegiados».
El diputado socialista Joan Ferrer ha argumentado el voto favorable por cumplimiento normativo aunque ha asegurado que «no comparten el despliegue ceremonial».
El parlamentario de Unidas Podemos Pablo Jiménez ha defendido que la decisión tendría que servir para iniciar procesos judiciales contra otras muchas ocupaciones irregulares del dominio público marítimo terrestre.
«La Administración de Costas hace tiempo que deja mucho que desear en la tarea encomendada de control y vigilancia, y bien lo sabemos aquí en Baleares», ha afirmado.
Por su parte, el portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Jorge Campos, ha recordado que en Baleares hay 9.000 instalaciones parecidas. «¿Las quieren destruir todas»?, se ha preguntado. Campos ha lamentado que MÉS «vaya de la mano de lo más ultra y radical de la sociedad». Los tres diputados de Vox y el diputado no adscrito Maxo Benalal han sido los únicos votos en contra.
