El Parlamento balear pedirá a los Consells insulares personarse en los juicios de explotación sexual a menores tutelados
PALMA DE MALLORCA, 10
El Parlamento balear ha aprobado este martes por 54 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones pedir a los cuatro Consells insulares que se personen en los casos judiciales abiertos que impliquen la explotación sexual a menores tutelados. Este aspecto está incluido en una moción del PP relativa a los mecanismos de control de los menores en los centros tutelados que se ha debatido en el pleno.
La propuesta ha sido presentada por la diputada popular Marga Durán, quien ha considerado que «no podría haberse hecho peor» por parte de las administraciones, añadiendo que los responsables «se han atrincherado detrás de protocolos planos, comisiones y leyes del todo ineficaces». «Con tal de nadie pierda la silla, cero autocrítica, cero dimisiones y cero transparencia», ha lamentado.
La moción incluya otros seis puntos que han sido rechazados como, por ejemplo, instar al Consell de Mallorca a apoyar y constituir la Comisión de Investigación solicitada por Cs, El PI y el PP y que se cese «inmediatamente» a la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, y al resto de su equipo.
Asimismo, pretendía constatar que «había faltado planificación y ejecución de medidas efectivas» destinadas a la lucha contra la explotación sexual de menores y que se «refuercen y mejoren» las medidas de seguridad en los centros de la Fundación s Estel.
RATIFICAN QUE EL MANDATO DEL DEFENSOR DE LA CIUDADANÍA DE PALMA DURE 5 AÑOS
Por otro lado, el Parlament ha ratificado este martes por unanimidad que el mandato del defensor de la ciudadanía de Palma dure cinco años y, por ello, se modificará el artículo 51 de la Ley de Capitalidad del Ayuntamiento de Palma respecto a la duración.
Este artículo determina que a los 100 días de la toma de posesión del nuevo consistorio el defensor tiene que cesar de su cargo. Con el cambio del artículo, aquello que estipulará la duración será el Reglamento orgánico municipal de derechos de la ciudadanía, que establece cinco años de mandato desde su nombramiento.
La figura del Defensor de la Ciudad nació con el objetivo que fuera una figura independiente y que no estuviera vinculada a un equipo de gobierno concreto, tal como marca el Reglamento aprobado el 2005. Hila ha defendido que la figura del defensor ejerce sus funciones «con total independencia» y «no recibe instrucciones».
