El Parlament valida el decreto de creación del ente público que recuperará ATLL
Incorpora a un representante de consumidores y a un ecologista en el consejo de administración
BARCELONA, 1
La Diputación Permanente del Parlament ha aprobado este miércoles el decreto del Govern que crea un ente público para gestionar el sistema de agua de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que se privatizó en 2012 y cuyo contrato de concesión anuló el Tribunal Supremo.
Se trata del Decreto 4/2018 aprobado por el Consell Executiu el 17 de julio y que establece que la gestión de la producción y suministro de agua potable de ATLL pasa a manos de Ens d Abastament d Aigua Ter-Llobregat, que han avalado los votos de JxCat, ERC y PSC-Units mientras que el PP ha votado en contra y el resto de grupos se han abstenido.
El vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha defendido el decreto en nombre del Govern y ha recordado que la recuperación pública de ATLL era un mandato del Parlament, que instaba al Govern a revertir la concesión si el TS ratificaba su sentencia –como ocurrió en febrero–: «Hoy lo que hacemos es que ATLL vuelve a ser pública y aprobamos su gestión directa».
Aragonès ha valorado que se podrían haber optado por otras opciones como un nuevo concurso de adjudicación, pero que con la creación de Ens d Abastament d Aigua Ter-Llobregat se garantiza el control público del agua y la Generalitat se convierte en «gestor directo».
Además, ha destacado que el decreto del Govern incorpora la participación ciudadana con dos vocales en el consejo de administración que representarán a la organización de consumidores más representativa del área que abastece ATLL y de la mayor entidad ecologista de la zona.
INDEMNIZACIÓN A ACCIONA
Sobre la indemnización que la Generalitat previsiblemente deberá abonar a la concesionaria, Acciona, por la nulidad del contrato, Aragonès ha detallado que una comisión determinará la compensación a la energética y que «las cifras que se han conocido no tienen por qué coincidir con la final», ya que se realizará un análisis para determinar cuánto hay que indemnizar.
Asimismo, ha relatado que no se aplicará ningún incremento de tarifa este 2018 como ya ocurrió en 2017, por lo que se ha dejado sin efecto el cambio tarifario que se había aprobado con anterioridad.
CRÍTICAS DE LOS GRUPOS
La diputada de Cs Marina Bravo ha criticado que la privatización de ATLL se hizo sin «ninguna justificación de eficacia, de mejora de gestión ni de mejora para la ciudadanía» y que se aprobó con prisas para tapar un agujero presupuestario, por lo que ha pedido que su reconversión en pública se haga ordenadamente.
Desde el PSC, Jordi Terrades, ha recordado que el concurso de adjudicación se aprobó «cuando CSC y el PP eran amigos» y ha reprochado a Aragonès no haya hecho referencia a decisiones que tomó el entonces conseller Andreu Mas-Colell, a quien ha hecho responsable de lo que considera una chapuza.
El líder de CatECP, Xavier Domènech, ha lamentado que sea la Diputación Permanente en lugar del pleno quien aborde la validación del decreto y que el nuevo ente no incorpore a ayuntamientos ni a sindicatos: «Siendo uno de los peores desastres de gestión de la Generalitat, no estaría mal que en el consejo de administración hubiera todos estos representantes».
En una línea parecida, el cupaire Vidal Aragonés ha propuesto una gestión triangular del ente entre la Generalitat, los usuarios y los trabajadores, y también ha advertido de la posibilidad de que la indemnización que se abone a Acciona se traslade al recibo del agua: «Podría ser».
El popular Santi Rodríguez ha vinculado la operación de ATLL con la sequía que azotó Catalunya en 2008 –que llevó al entonces conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, a pedir lluvia a la Virgen de Montserrat– y ha acusado a los impulsores de la recuperación de hacerla «desde un punto de vista dogmático, no práctico», y sin tener en cuenta la situación financiera de la Generalitat.
En cambio, el republicano Gerard Gómez del Moral ha celebrado la recuperación de la empresa y que no se haya materializado hasta tener una sentencia firme del TS, lo que ha evitado «indemnizaciones por un valor elevadísimo», ha dicho.
El diputado de JxCat Eduard Pujol, además, ha asegurado que ATLL es un instrumento que repercutirá en mejorar el día a día de la ciudadanía, pero ha asegurado que la Cataluña autonómica no cuenta con suficientes herramientas para garantizar el bienestar: «La herramienta se llama república».
