El pago por flujo de órdenes, una práctica «poco transparente» e incompatible con MiFID II, según ESMA

La venta de órdenes o payment for order flow (PFOF, por sus siglas en inglés) está en el punto de mira de los supervisores europeos al considerarse una práctica «poco trasnparente» y apenas compatible con la directiva sobre mercados de instrumentos financieros (MiFID II).

Ese pago por flujo de órdenes consiste en un mecanismo de ingresos de los brokers por el cual reciben comisiones de centros de ejecución como hedge funds o bolsas alternativas por enviarles órdenes de sus clientes en vez de remitirlas a los centros principales de negociación, según explica Rankia en su página web.

Esto supone un problema de transparencia, ya que representa un coste implícito en la operativa del que en muchas ocasiones los inversores no son conscientes, a lo que se suma que el precio no siempre es el más beneficioso para los minoristas.

El fundador y consejero delegado de HeyTrade, Ramiro Martínez-Pardo, ha explicado en declaraciones a Europa Press que esta práctica es anterior a la aparición de neobrókers como Robinhood y que había sido utilizada incluso el estafador Bernard Madoff.

Martínez-Pardo ha añadido que además este tipo de operativa le resta liquidez al mercado y eso afecta a toda la infraestructura, y que en HeyTrade lo descartaron porque no era el mejor modelo en cuanto a transparencia, a lo que se suma la regulación, que tampoco lo favorece.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se ha posicionado en contra de este modelo de negocio y en marzo publicó un informe sobre la venta de órdenes por parte de los brokers que no cobran comisiones.

El organismo estudió 41.444 transacciones de 82 valores españoles con la misma metodología que utilizó su homólogo holandés en un informe previo y concluyó que el 86,4% de las operaciones efectuadas con el procedimiento de venta de órdenes tuvieron un precio peor, con un deterioro del 0,14%.

El 10,2% de las transacciones tuvieron un precio similar y solo el 3,3% consiguieron obtener una mejor ejecución, con una mejora en el importe del 0,11%.

En ese sentido, el organismo ha recordado que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) también alertó de las preocupaciones que despertaba este modelo de negocio en términos de protección del inversor y que en muchos casos no es compatible con las obligaciones de MiFID II.

De hecho, la Comisión Europea ha propuesto en el marco de la revisión de esa legislación una prohibición explícita de la venta de órdenes.

Las plataformas más conocidas que realizan esas ventas de órdenes son la alemana Trade Republic o la estadounidense Robinhood.

Desde Trade Republic han incidido en que los inversores estaban desprotegidos antes de la creación de su plataforma y, según sus datos, los clientes experimentan «una media de un 43% de mejores spreads de oferta y demanda» en sus operaciones en comparación con los mercados de referencia, lo que «conlleva una reducción de los costes totales de las transacciones».

Asimismo, han recalcado que adoptaron este modelo de negocio porque «permite reducir los costes totales de las transacciones» y que están «convencidos de que esta es la mejor y más eficaz manera de aumentar la participación de los inversores minoristas en los mercados de capitales».

«Apoyamos la creación de una registro paneuropeo consolidado sobre los costes totales de las operaciones (referencia de precios) que permita la comparación para los inversores minoristas. Durante los últimos meses hemos apoyado varios estudios académicos independientes para contribuir, como la mayor plataforma de ahorro europea, a este debate tan importante», ha señalado la compañía en declaraciones a Europa Press.

No obstante, puede que la plataforma alemana tenga que repensar pronto su modelo de negocio si llega a prohibirse explícitamente este procedimiento.

Al ser preguntada por esta cuestión, Trade Republic ha señalado que tendrían que incrementar los costes explícitos, ya que «el coste de la infraestructura ya no podría cubrirse» de esta forma, mientras que el coste implícito no disminuiría.

«El aumento de los costes totales de las transacciones reduciría la participación global de los minoristas en los mercados de capitales europeos. En otras palabras: la prohibición de la venta de órdenes iría en contra de los objetivos de la Unión Europea (UE) de promover la inversión minorista y luchar contra la brecha de las pensiones», han indicado desde la compañía.

Actualmente, el pago por flujo de órdenes sí es legal en el Viejo Continente, aunque es una práctica no muy extendida en comparación con otros mercados como el estadounidense, ya que solo se ha empleado con mayor frecuencia en el alemán.

El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, hizo referencia a este asunto en un discurso en noviembre del año pasado, en el que hizo hincapié en que hay que dar la bienvenida a los nuevos modelos de negocio que contribuyan a mejorar los servicios que reciben los inversores españoles, pero que hacerlo mediante venta de órdenes es «peligroso».

«El riesgo de esta práctica es triple: información engañosa (si se publicita el servicio como gratuito), conflicto de interés y posible incumplimiento del deber de mejor ejecución para el cliente», incidió Buenaventura en ese momento.

Además, el presidente del organismo recalcó que está de acuerdo con la ESMA, que ya ha advertido sobre esta práctica, porque «no debería permitirse que una entidad cobre, a espaldas del cliente, comisiones de un tercero por llevarle a ese tercero las operaciones de sus clientes».

Según han informado a Europa Press en fuentes del mercado, la CNMV ha enviado cartas a algunas plataformas para preguntar si vendían las órdenes, con lo que podría estar reforzando su supervisión en este sentido.

De todas formas, Buenaventura ya dijo en su discurso de noviembre que no hay muchas entidades españolas que operen bajo este modelo y que casi todos los que se promocionan como brókers gratuitos lo hacen con pasaporte, operando desde otros países europeos que aceptan hoy en día esta práctica. «Por ello, la solución debe ser a escala europea», incidió Buenaventura.