El nuevo decreto de justicia gratuita estará en el primer semestre y habrá un turno especial de discapacidad
Presidencia y Economía trabajan para que en 2025 pueda haber deducciones fiscales a abogados y procuradores del turno de oficio
El nuevo reglamento de asistencia jurídica gratuita de Cantabria estará aprobado y en vigor en el primer semestre del próximo año, cuando se empezarán a aplicar los baremos que se van a revisar para actualizar las cantidades.
Es la fecha que se ha fijado como «meta» el Gobierno regional que, además va a poner en marcha un turno de oficio especial para atender a personas con discapacidad, en colaboración con los colegios de la Abogacía y Procuradores y con la ayuda del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).
Lo ha anunciado ese lunes la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, tras presidir el Grupo de Trabajo de la Justicia Gratuita, que ha iniciado el proceso participativo para la modificación del citado decreto y que volverá a reunirse este viernes, 17 de noviembre.
Además, esta Consejería está trabajando junto a la de Economía y Hacienda para buscar una vía y que en el año 2025 pueda existir una deducción fiscal para los profesionales que se dedican al turno de oficio en la comunidad autónoma, que son 553 abogados y 154 procuradores en la actualidad, según han indicado los decanos de sus respectivos colegios, Andrés de Diego y Rosaura Díez.
Ambos han comparecido ante los medios junto a Urrutia tras la constitución del grupo de trabajo que va a revisar el decreto de justicia gratuita, que «nació obsoleto en varios sentidos y en dos vías fundamentales» que son las que se van a modificar.
Así, por un lado, se revisará el baremo para actualizar las cantidades actuales, y se ha encargado un estudio para conocer las del resto de regiones. «No puede ser que Cantabria sea una de las comunidades autónomas que más lejos está del resto en esa actuación. Estamos ya a la cola, por detrás Ceuta y Melilla y poco más, y tenemos que actualizar y ponernos a la vanguardia», ha dicho Urrutia.
Y por otro, se modificarán las cargas administrativas que tienen tanto abogados como procuradores y los propios colegios a la hora de justificar la asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos, un derecho fundamental al que no se puede poner «trabas», ha defendido la titular de Simplificación Administrativa.
«Las cargas administrativas que soportan tanto los profesionales como el propio Colegio de Abogados, que es el encargado de tramitar estos expedientes, eran excesivas y había que abordarlas», ha comentado De Diego, que ha agradecido a la Consejería que asuma la reforma del decreto de Asistencia Jurídica Gratuita.
También ha valorado que se vaya a dar cobertura de asistencia jurídica especializada a algunos sectores, como el de la discapacidad. «Quizás hay que abordar otros, como la situación de los procedimientos concursales, la segunda oportunidad», ha añadido.
La representante de los procuradores cántabros ha destacado la «sensibilidad y predisposición» de la consejera al atender la «dignificación» de la prestación del turno de oficio de estos profesionales con la renovación del decreto y, también, el estudio de deducciones fiscales, como podría ser en la declaración de la renta.
