El ministro Torres admite «contactos institucionales» con Koldo, pero niega presiones para contratar empresas

Reconoce que se recurrió a empresas que «no eran expertas» en sanidad y que pudo haber «anomalías» en los más de mil contratos suscritos

El ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha reconocido este lunes que mantuvo «contactos institucionales» con Koldo García Izaguirre como asesor del entonces José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, aunque ha negado que diera órdenes o presionara para firmar contratos con una determinada empresa.

Ante preguntas del diputado del PP Elías Bendodo durante la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos durante la pandemia del Covid-19, Torres ha explicado que conocía a Koldo García como asesor del ministro Ábalos, al igual que conocía a otras personas del organismo ministerial. Y cuando dejo de ser asesor, ya no tuvo ninguna relación, ha agregado».

«Pero para que no haya ninguna duda, jamás se me requirió para que se ordenara la contratación de ninguna empresa por parte de ninguna persona del Ministerio de Transportes», ha aclarado el expresidente canario en su comparecencia.

En cualquier caso, Torres ha precisado que ya mantenía contactos con los asesores de Transportes antes incluso de ser presidente canario, cuando fue consejero de Obras Públicas porque estaban ultimando el Convenio de Carreteras, aunque enmarca estas conversaciones en contactos institucionales.

LAS MASCARILLAS LLEGARON Y MÁS BARATAS

El ministro Torres ha comenzado su intervención reivindicando su gestión durante la crisis sanitaria y defendiendo que en las compras de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la trama Koldo, el «material llegó» e incluso se pagó más barato que en otras comunidades autónomas.

Al respecto, se ha remitido a la comparecencia anterior de su jefe de gabinete, Antonio José Olivera, donde ha explicado que fue el administrador único de Soluciones de Gestión, Iñigo Rotaeche, quién se puso en contacto con él para el contrato de mascarillas a través de una propuesta económica que posteriormente fue avalada por el Servicio Canario de la Salud.

En este punto, Torres ha incidido en «dejar claro» que «jamás» ordenó que se contratara con una empresa o con otra: «Jamás lo ordené porque eso no es propio de los responsables políticos porque eran siempre procedimientos reglados de manera técnica».

IGNACIO DIAZ TAPIA

Ante preguntas del PP por si conoce y ha hablado con Ignacio Díaz Tapia, investigado por el caso Koldo, Torres ha dicho que «no tiene conocimiento» ni cree haberlo visto nunca, aunque ha defendido que han pasado ya cuatro años de esa situación de pandemia.

Según ha explicado, recibe centenares de llamadas, aunque ha recalcado que «jamás» ha hablado ni con Díaz Tapia ni con nadie «para contratar con ninguna empresa»: «No lo he hecho nunca, ni lo voy a hacer ahora».

En otro momento de su intervención, ha reconocido que en aquellos días se tiró de empresas «que no eran expertas porque las que eran expertas o no tenían stock o no tenían conectividad directa de China».

Además, ha admitido que pudieron surgir «anomalías dentro de lo que era una contratación de más de mil contratos por más de 124 millones de euros» y en unas circunstancias muy especiales y ha hecho hincapié en que quien «lo haya hecho mal, que lo pague con toda la fuerza de la ley».

«Hay que exigirlo porque la mayoría de la gente lo hizo bien, de manera legal», ha enfatizado el ministro, incidiendo en que si en aquellos días «los contratos se hubieran hecho de manera ordinaria hoy muchos no estarían aquí».

En cualquier caso, Torres ha negado que en la conferencia de presidentes que mantenían los dirigentes autonómicos cada domingo se trasladaran propuestas de empresas para posteriormente realizar contratos de material sanitario.

El portavoz de Vox, Carlos Flores Juberías, se ha interesado por el caso de las mascarillas adquiridas por Canarias a la empresa de compra venta de vehículos RR7 y que está siendo investigado por la Justicia.

CONTRATO CON RR7

En concreto, ha preguntado al compareciente por el cese como coordinador del Comité de Gestión de Emergencias Conrado Domínguez, que había sido director del Servicio Canario de Salud (SCS) en el anterior Gobierno de Fernando Clavijo y al que su ejecutivo recuperó en pandemia y negoció contratos de compra de material sanitario.

Según ha explicado Torres, Domínguez dimitió en noviembre de 2022 después de que él le dejara claro que había perdido la confianza en su persona. En aquel momento Domínguez ya había sido «imputado» pero su salida llegó tras la pérdida de confianza del presidente regional cuando supo que había cuestiones que «no había trasladado» al gobierno y de las que él se había enterado por la prensa.

Preguntado por la portavoz de Sumar Engracia Rivera si tuvo conocimiento de que Aduanas destruyó un millón de las mascarillas adquiridas a RR7, por ser «falsas», Torres ha especificado que fue de eso de lo que se enteró por el periódico y que conoció después todos los pormenores de ese contrato.

«Lo que sí puedo decir es que en el año 22 se incautó por parte del Servicio Canario de la Salud y de la Agencia Tributaria canaria el embargo pertinente a quienes no habían suministrado ese material», ha apuntado, recordando que la investigación para aclarar lo sucedido en este caso sigue abierta y que el gobierno regional está personado como perjudicado.

Después, en respuesta a la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha precisado que siendo él aún presidente «ya se habían producido órdenes de embargo por una cantidad determinada», pero que «otra cosa es que ya se haya ingresado» ese dinero.

Valido también le ha interrogado por el cese de la que fue consejera de Sanidad Teresa Cruz. El ahora ministro lo ha achacado a que el 14 de marzo de 2020 el equipo de gobierno entendió que Cruz había tomado decisiones «que tenía que haber tomado de otra manera» pero ha negado que la cesara por su negativa a contratar a determinadas empresas.