El detenido en Algeciras por asesinar a un sacristán con un machete de grandes dimensiones y dejar varios heridos se encuentra desde este lunes a primera hora a disposición de la Audiencia Nacional, donde será interrogado por el juez Joaquín Gadea, han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Yassin K, un marroquí de 25 años, fue trasladado bajo custodia policial a Madrid el jueves a última hora y ha estado desde el viernes a disposición de los especialistas de la lucha antiterrorista en la sede del Complejo de Canillas.

La Comisaría General de Información de la Policía ha remitido ya sus informes al juez, que tendrá que decidir sobre su posible ingreso en prisión. El traslado a dependencias de la Audiencia Nacional se llevó a cabo sobre las 9.00 horas de este lunes.

Para autorizar el registro, el juez apuntó el miércoles a que podría tratarse de salafismo yihadista. La Policía halló propaganda yihadista en la infravivienda de Algeciras en la que residía el investigado por asesinar al sacristán y herir a varias personas en iglesias de Algeciras.

La investigación también recoge sus posicionamientos en redes sociales y analiza una posible reciente radicalización de Yassine K, según informaron fuentes de la lucha antiterrorista. También se investiga que el detenido tiene antecedentes en Marruecos por problemas de salud mental.

Entre los efectos intervenidos consta la funda del machete que usó para asesinar a un sacristán y herir a otras cuatro personas, entre ellas un sacerdote, en una acción criminal que llevó a cabo de forma solitaria, sin implicación de terceras personas.

Desde Algeciras, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró el jueves que Yassin K no estaba «en ningún radar por radicalización en España ni en ningún otro país amigo», subrayando que los hechos se investigan por delito de terrorismo pero que «todas las hipótesis continúan abiertas».

Antes de la rueda de prensa, el Ministerio del Interior confirmó también que el detenido por el ataque en dos iglesias de Algeciras no tenía antecedentes penales, pero sí un expediente de expulsión por su situación irregular en España desde junio de 2022. La expulsión se le notificó en noviembre, dos meses antes de que cometiera su acción criminal, y estaba pendiente del trámite burocrático con Marruecos para llevarse a cabo.