El juicio por los vertidos de Sniace se retoma este martes
El juicio por los vertidos contaminantes de la empresa Sniace de Torrelavega al río Saja-Besaya entre 2008 y 2010 se retomará este martes, 13 de julio, y está previsto que se desarrolle durante cinco días, hasta el jueves 22.
La sesión se reanudará a las 9.00 horas en el Juzgado de lo Penal número Dos de Santander, después de que fuera suspendida el pasado mes de febrero porque el abogado del expresidente de la compañía, Blas Mezquita, había sido contacto estrecho de un positivo Covid.
En la causa, por un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente y que consta de más de 8.000 folios, hay ocho acusados, miembros del consejo de administración de la papelera cuando sucedieron los hechos.
Cada uno de ellos se enfrenta a una pena de dieciséis meses de prisión, multa de 6.000 euros e inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad relacionada con la emisión de vertidos al medio natural por tiempo de 20 meses, según la petición de la fiscal.
En su escrito, el ministerio público considera que la empresa -que cerró en febrero de 2020- carecía entonces de autorización para realizar vertidos de las aguas derivadas de su proceso industrial al río Saja-Besaya, ya que la Confederación Hidrográfica del Norte le revocó en 2006 la autorización que tenía desde 2002 «por el carácter abusivo de los vertidos que venía realizando».
Por otro lado, Sniace obtuvo en 2008 Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la Consejería de Medio Ambiente para verter las aguas procedentes del proceso industrial a la ría de San Martín a través de un colector de industriales y únicamente las aguas de refrigeración y pluviales o de escorrentía al río Saja-Besaya.
Tal y como mantiene la Fiscalía, el colector de industriales no estuvo en funcionamiento y la empresa, «a sabiendas» de que carecía autorización administrativa para realizar vertidos de las aguas industriales en las del Saja-Besaya, lo hizo «de manera continua y reiterada», alterando con ello la calidad de las mismas y no respetando los parámetros acordados en la AAI.
«En consecuencia, se vio gravemente afectada la calidad de las aguas del río Besaya», tal y como se desprende de las analíticas realizadas, entre otros, por el Instituto Nacional de Toxicología.
«Los vertidos relatados han perjudicado la calidad de las aguas del río Besaya, generando una situación de riesgo grave para el equilibrio de los sistemas naturales y del ecosistema fluvial en general, generando unas condiciones inidóneas para la vida de los peces por ausencia de oxígeno», señala la acusación pública.
Añade que los valores de demanda química de oxígeno y de carbono orgánico total que se desprenden de las analíticas «son indicativos de contaminación por materia orgánica».
DELITOS Y PENAS
Por todo ello, la Fiscalía acusa al que fuera jefe de operaciones de la compañía como autor material de un delito continuado contra los recursos materiales y el medio ambiente, pues cree que es el responsable de la decisión de realizar los vertidos contaminantes.
También acusa al presidente de la compañía –que dimitió en enero de 2019, poco después de que la Audiencia Provincial de Cantabria le imputara– y al resto del consejo de administración como autores del citado delito, ya que considera que cometieron el ilícito por omisión, al ser conocedores de los hechos y no oponerse o prohibir los mismos.
Además de las penas de prisión, inhabilitación y multa, la fiscal pide que todos ellos indemnicen conjunta y solidariamente al Estado en la cantidad que se fije en sentencia o en ejecución de la misma por el perjuicio causado al medio natural.
Junto al ministerio público están personadas dos acusaciones particulares: Ecologistas en Acción, que se suma a la petición de la Fiscalía, y la Abogacía del Estado, que pide para cada uno de los ocho acusados dos años y seis meses de prisión, multa de 10.200 euros e inhabilitación para ejercer actividad relacionada con vertidos durante dos años, además de una indemnización de 50 millones a abonar entre todos los procesados.
CUESTIONES PREVIAS
Aunque en febrero se suspendió el juicio y se aplazó hasta este mes, se abordaron ya en parte las cuestiones previas planteadas por las partes presentes entonces -todas menos el abogado de Mezquita- y sobre cuya pertinencia o admisión no se pronunció el juez, José Hoya Coromina, sino que lo hará cuando este letrado formule las suyas.
Entre las propuestas, figura un informe presentado por la Abogacía del Estado relacionado con la indemnización de 50 millones de euros solicitada a los ocho acusados en las conclusiones provisionales, y que en las definitivas se rebajaría a algo más de 49 millones.
Se trata de una diferencia «pequeña, nimia», en palabras de la representación legal del Gobierno de España, pero modificada a la vista de un error técnico en un informe.
