El juicio del concurso de Ecomasa se celebrará el 11 de septiembre
Fiscalía y administradores concursales piden la calificación de culpable
SANTANDER, 3
El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander ha fijado para el 11 de septiembre el juicio del concurso de acreedores de Ecomasa (EWI), la empresa de estufas que recolocó a 88 trabajadores de Teka en la fábrica que abrió en el polígono La Cerrada de Maliaño y que recibió 18 millones de dinero público en financiación y avales.
Tanto la Fiscalía como la administración concursal piden la calificación de culpable del concurso; y la inhabilitación de los propietarios de Ecomasa, Manuel Jesús Lavín y Andrés de León, por cinco años y ocho años, respectivamente, para llevar a cabo actividades de comercio, formar parte de un órgano societario y administrar bienes ajenos.
Asimismo, les reclaman 2,3 millones de euros de indemnizaciones por daños y perjuicios y solicitan que se declare «cómplices» a las empresas Ecomasa de Inversiones II y Comercial e Industrial NM Chile.
Aunque sólo Fiscalía y administración concursal pueden hacer dictamen de calificación de concurso, en el procedimiento también están personados SODERCAN y el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), así como Lavín, De León y Antonio Hernández Molina.
PRUEBAS TESTIFICALES Y PERICIALES
Según ha informado a Europa Press la administración concursal, el juicio estaba inicialmente señalado para junio pero se ha trasladado a septiembre. Entre las pruebas testificales está prevista la declaración de Lavín y de León, y se han propuesto como prueba pericial tres informes: el del perito designado por el juzgado; la auditoria realizada por Ernst&Young por encargo de Sodercan; y la de KPMG Auditores propuesta por los propietarios de EWI.
El dictamen de la Fiscalía se basa en el informe de la administración concursal, en el que se desgranan las actuaciones de los dos empresarios y cómo, desde la creación de Ecomasa en 2012, y hasta junio de 2015, ésta recibe 18 millones de ayudas públicas del Gobierno de Cantabria –presidido entonces por el PP– y 3,2 millones de la empresa TEKA, correspondiente a las indemnizaciones de los trabajadores que iba a recolocar en su fábrica. En total, 21 millones de euros.
Asimismo, se señala que, a su vez, la empresa concedió «importantes» préstamos financieros a otras empresas del grupo de Lavín y De León con fábricas de Bélgica, Chile y Barcelona, por un importe total de 5.729.470 euros, de los cuales solo se han recobrado 873.122 euros.
La administración concursal, que utiliza como informe pericial la auditoria realizada por Ernst&Young por encargo de Sodercan, habla de 15,4 millones de euros de pérdidas «no recuperables». El balance total de acreedores que se hace en ese documento eleva la deuda total a pagar por Ecomasa-EWI a más de 16 millones de euros entre entidades financieras, entidades públicas, Hacienda y otros.
El Juzgado de lo Mercantil declaró en concurso voluntario a Ecomasa en septiembre de 2015, al mes siguiente se abrió la fase de liquidación, y en enero de 2016 se autorizó la medida colectiva de extinción de los contratos laborales de la totalidad de la plantilla.
QUERELLA
En la vía penal, continúa abierta la causa derivada de la querella de los trabajadores contra De León y Lavín, que están imputados por un supuesto delito societario por los 18 millones concedidos por el Gobierno de Cantabria en financiación y avales.
La causa contra los dueños de Ecomasa, en la que están personados SODERCAN y el ICAF, se abrió a raíz de la querella de los trabajadores, a la que más tarde se unió la denuncia presentada por el Gobierno PRC-PSOE ante la Fiscalía.
