El juicio a Puerto Gallego se celebra este lunes y martes
La exalcaldesa de Santoña y otros ocho ediles del PSOE de su equipo de gobierno se enfrentan a ocho años de inhabilitaci
El juicio a la exalcaldesa de Santoña Puerto Gallego y otros ocho concejales socialistas de su gobierno se celebrará esta semana, el lunes 15 de noviembre y martes día 16, en el Juzgado de lo Penal número uno de Santander.
La vista se desarrollará en el salón de actos de los juzgados y arrancará a las 9.00 horas ambas jornadas, aunque está previsto que en la primera de ellas continúe también por la tarde, a partir de las 16.00 horas.
La sesión, suspendida varias veces, se señaló por última vez hace once meses, el 15 de diciembre de 2020, pero fue aplazada de nuevo debido a que ese día uno de los letrados personados en la causa tenía otro señalamiento.
La que fuera regidora de la villa santoñesa y ocho integrantes de su equipo serán enjuiciados por prevaricación, ya que están acusados de fraccionamiento de contratos durante su mandato, entre los años 2003 y 2009, en los que aprobaron por unanimidad el pago de una serie de facturas pese a que conocían los reparos de los interventores.
Por este motivo, tanto el fiscal como las acusaciones particulares que ejercen el exconcejal de Falange Leoncio Calle Pila y el Partido Popular consideran que los acusados cometieron un delito de prevaricación administrativa continuada, y el ministerio público considera que concurre la atenuante de dilaciones indebidas. Pide ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público a cada uno de ellos, y Calle Pila nueve.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los encausados procedieron a aprobar el abono de diversas facturas emitidas principalmente por cuatro empresas, «con el fin de eludir el cumplimiento de la normativa, omitiendo la incoación del adecuado procedimiento de contratación, vulnerando los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, y violando también la legislación básica sobre necesidad de existencia de consignación presupuestaria previa para la realización del gasto».
«Y ello pese a tener pleno conocimiento de la legislación administrativa que quebrantaban a través de los reiterados y expresos reparos que en cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras emitieron los sucesivos interventores», añade la Fiscalía.
CINCO CAJAS CON MÁS DE SEIS MIL FOLIOS
La vista oral estuvo señalada inicialmente para marzo de 2019 pero, al comienzo de la misma, el juez la suspendió al faltar cinco cajas de documentación con más de 6.000 folios aportados en su día por el Ayuntamiento que no habían llegado al Juzgado.
Ante esta situación, y porque los abogados no habían tenido acceso a dichos documentos en el momento de redactar en su día los escritos de defensa, el magistrado declaró la nulidad de las actuaciones hasta el momento anterior a los escritos de defensa, y devolvió el procedimiento al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santoña, al que ordenó la localización de las cajas.
Cumplido este trámite, la causa volvió de nuevo al Juzgado de lo Penal número 1 de Santander, que señaló la vista oral para abril de 2020, y tampoco pudo celebrarse por el estado de alarma decretado por el Covid-19, que provocó la suspensión de toda actividad no esencial en los juzgados.
De esta forma, el juicio fue señalado de nuevo para el 15 de diciembre del año pasado, aunque se suspendió de nuevo porque esa fecha coincidía con un señalamiento de otro letrado.
LA EXALCALDESA Y OCHO CONCEJALES ACUSADOS
Junto a Puerto Gallego están también acusados ocho concejales del PSOE de la villa entre 2003 y 2009: José Ramón Badiola, Pedro María López, Carmen Leiva, Diana Gil, Joaquín Bonet, Gloria Valmaseda, María Antonia Alonso y Jesús María Valle.
Estos dos últimos, que fueron concejales del PSOE en la pasada legislatura, presentaron su dimisión cuando se dictó el auto de apertura de juicio oral.
La Fiscalía solicita para cada uno de ellos ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por presunto delito de prevaricación en la contratación de servicios sin seguir el procedimiento legalmente establecido.
La misma pena de ocho años pide el Partido Popular, que se sumó a la acusación a raíz de la denuncia presentada en el año 2009 por el entonces concejal de Falange Leoncio Calle Pila, por la que se inició el proceso, y que reclama, por su parte, nueve años de inhabilitación para los nueve imputados.
El juicio se celebrará, por tanto, más de una década después de la denuncia planteada por Calle Pila, que años después provocó la dimisión de Puerto Gallego como diputada nacional del PSOE cuando el caso llegó al Tribunal Supremo por su entonces condición de aforada.
