El Instituto BBVA de Pensiones aboga por reglas «flexibles» para revalorizar las pensiones frente al IPC
Las pensiones deben revalorizarse con normas «transparentes y flexibles» en lugar de hacerlo con la inflación, según recogen las conclusiones de un informe elaborado por José Antonio Herce y Elisa Chuliá, miembros del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones al que tuvo acceso Europa Press.
Los autores ponen de relieve que revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC dispara el gasto en pensiones, aumentando la presión financiera sobre el sistema de la Seguridad Social. Sin embargo, «confiar en la inflación como un mecanismo de ajuste de las pensiones es injusto, por la erosión de su poder adquisitivo; doloroso, ya que no puede preverse cuándo y cómo golpeará a la economía doméstica; e ineficiente desde el punto de vista social y económico», han detallado Herce y Chuliá.
En este sentido, los expertos consideran que es necesario proteger a los pensionistas de una inflación significativa a lo largo de periodos prolongados, evitando que sus rentas, aun manteniendo su valor nominal, pierdan valor efectivo.
Ahora bien, como señalan los expertos de BBVA Mi Jubilación , «los costes asociados a la revalorización deberían ser conocidos y asumidos, mediante reglas precisas, entre las diferentes generaciones, teniendo en cuenta las capacidades concretas que tiene cada una de compensar esos costes».
INCERTIDUMBRE TRAS LA SUSPENSIÓN DEL IRP.
En España, hasta 1997, los gobiernos revalorizaban las pensiones periódicamente sin una regla fija. Desde 1998 hasta 2013, las pensiones se revalorizaban automáticamente según el IPC previsto.
Desde 2014 a 2017, se aplicó el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) siguiendo la nueva legislación aprobada en 2013 (Ley 23/2013).
La ventaja fundamental del IRP, destacan los expertos del Instituto BBVA de Pensiones, reside en que informa anualmente sobre la salud financiera del sistema, permitiendo adquirir conciencia de la necesidad de financiación proveniente de fuentes diferentes de las cotizaciones sociales.
La principal desventaja estriba en que, durante periodos en los que persista el déficit de la Seguridad Social, la revalorización continuada por debajo del IPC puede conducir a descensos importantes del poder adquisitivo de las pensiones.
Aunque la legislación sobre pensiones de 2013 no ha sido formalmente derogada, en 2019 la aplicación del IRP se ha suspendido por segundo año consecutivo.
En su lugar, se ha decretado la revalorización del 1,6% para el conjunto de las prestaciones contributivas, salvo las pensiones mínimas, cuya revalorización se ha fijado en 3%.
No es posible saber cómo se revalorizarán las pensiones después de 2019, ya que no se ha llegado todavía a un acuerdo sobre el mecanismo que sustituirá al IRP.
MODELO DE «REVALORIZACIÓN PROGRESIVA».
En el resto de países europeos, la revalorización de las pensiones se basa principalmente en los criterios de la inflación o el crecimiento de los salarios.
Otros países utilizan la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y son menos los que han diseñado sus reglas de revalorización incorporando a ellos factores de sostenibilidad o mecanismos de equilibrio financiero (como hace el IRP) o variables individuales como la longitud de la carrera laboral.
Algunos países, España incluida, recurren con frecuencia a revalorizaciones «progresivas», de manera tal que las pensiones se revalorizan en función de su importe (más las de menor importe que las de mayor importe).
Este modelo de «revalorización progresiva» prima el componente redistributivo y reduce la diferencia entre los importes de las pensiones más altas y más bajas del sistema.
No obstante, hay que tener en cuenta que, además de desdibujar el componente actuarial de las pensiones, desincentiva las carreras laborales largas y/o de cotizaciones altas orientadas a la consecución de pensiones más elevadas.
