El informe jurídico del Gobierno dice que la jornada reducida de junio y septiembre no puede aplicarse

La Asesoría Jurídica de Educación, sin embargo, abría la posibilidad de la jornada reducida recuperable

El informe de la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria, dependiente de la Consejería de Presidencia, concluye que no puede aplicarse la jornada lectiva reducida en los meses de junio y septiembre en Educación Primaria.

Se trata de un documento elaborado a petición de la Consejería de Educación respecto a la «aplicabilidad del régimen de jornada continua para los días lectivos de los meses de junio y septiembre», fechado el 7 de junio y traslado a los sindicatos un día después.

El informe sobre la ampliación del calendario lectivo ahora reducido en junio y septiembre en las etapas de Infantil y Primaria, al que ha tenido acceso Europa Press de fuentes sindicales, concluye que «los docentes que impartan Educación Primaria, de conformidad con la legislación básica estatal, han de tener una jornada lectiva semanal mínima de 25 horas».

Y en lo que concierne al horario escolar de los alumnos, regulado en la Orden de 23 de junio de 2014, se establece que éste no puede ser inferior a 25 horas semanales, sin perjuicio del margen de distribución horaria que se deja a los centros.

Por tanto, la Dirección Jurídica entiende que el régimen establecido en la orden de 2010 «no puede resultar de aplicación a la vista de la normativa aplicable», que se desprende del Real Decreto Ley de 2012.

En su informe, los Servicios Jurídicos se remiten a la regulación del horario escolar que se lleva a cabo en el decreto de 2014, que establece que «se distribuirá de lunes a viernes siendo de 25 horas semanales en cada uno de los cursos, incluyendo el tiempo de recreo».

«Y lejos de hacerse alguna referencia a los meses de junio y septiembre como excepción a esa regla general de 25 horas semanales, se recalca que los centros decidirán a qué áreas otorgan media hora más». «El cómputo total deberá ser, en todos los casos, de 25 horas semanales, y la decisión adoptada no supondrá en ningún caso, incremento de la plantilla del centro», subraya.

Este informe se suma al de la Asesoría Jurídica de la Secretaría General de Educación, a petición de la Dirección General de Innovación y Centros Educativos, fechado el 1 de junio, y en el que se considera «posible» contemplar en el calendario escolar una jornada lectiva reducida en junio y septiembre, «siempre y cuando esa reducción del número mínimo de horas que debe incluir la parte lectiva de la jornada semanal del profesorado que imparte Educación Primaria se compensase con un incremento equivalente del número de horas lectivas en otras semanas del curso escolar».

En este sentido, apunta que la legislación no especifica la forma de computar el cumplimiento del mínimo de horas que deberá tener la parte lectiva de la jornada semanal de los profesores, por lo que éste «debe verificarse de forma global, es decir, considerando la totalidad de semanas lectivas que integran cada curso escolar».

JUNTA DE PERSONAL DOCENTE

Tras conocer el informe del Servicio Jurídico del Gobierno, la Junta de Personal Docente ha acusado al consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, de «rescatar» un decreto de 2012, la «época más dura de los recortes», para «justificar» el aumento de la jornada escolar.

Un decreto «moribundo», según la Junta, que ha afirmado que «ni siquiera están aplicando ya» en los territorios gobernados por el Partido Popular (Ceuta y Melilla) y que «figura en la agenda de la nueva ministra de Educación, Isabel Celáa, como una de las reliquias de la época de Wert a derogar definitivamente».

La Junta de Personal Docente, integrada por los sindicatos STEC, ANPE, CCOO y UGT, ha acusado a Fernández Mañanes de «originar un conflicto» y de haber «tomado la decisión» de ampliar las jornadas en los colegios durante el periodo de comienzo y final de curso «porque así lo ha pactado con otras instancias que no son el profesorado».

La Junta de Personal Docente aportará este martes un segundo informe –ya facilitó uno en el comienzo del conflicto– realizado por otro gabinete jurídico que, según ha dicho, «avala la legalidad» de la jornada reducida en los meses de junio y septiembre.

Para los sindicatos, la Consejería «no termina de contestar» cómo es posible que se cuestione la legalidad de la jornada reducida del comienzo y final de curso en Cantabria cuando más de la mitad de las comunidades autónomas también la tienen, y consideran «incomprensible» que una Consejería al frente de la cual hay una persona del PSOE «resucite ahora el decreto más duro de los recortes de Rajoy y Wert».

Además, ha advertido que su «perplejidad» se convertirá en «indignación» si la Consejería, «en la espiral enloquecida en la que ha entrado», decide aplicar el resto del citado Decreto ley «y vuelve a subir las ratios, deja de cubrir sustituciones hasta que no pasen diez días lectivos desde la formalización de la baja, etcétera.

«Lamentablemente el consejero, al no tener la valentía de tomar él la decisión de manera abierta y esconderse detrás de una delirante interpretación legal, lo que ha terminado generando es un conflicto escolar enorme y una crisis en el seno del Gobierno regional», ha sostenido la Junta de Personal.