El informe del Defensor del Profesor detecta un aumento de los casos de depresión y estrés entre los docentes cántabros
El sindicato docente ANPE Cantabria ha detectado un aumento de los casos de depresión y estrés entre los docentes en la comunidad autónoma –y por consiguiente, un incremento de las bajas laborales–, donde su servicio del Defensor del Profesor atendió el pasado curso 2021-2022 a un total de 13, tres más que el anterior, marcado por las limitaciones Covid.
Sin embargo, en lo que va del curso actual, el Defensor ya ha atendido a nueve docentes, algunos con baja médica, que son cifras elevadas. Hasta el momento, las más altas se registraron en el curso anterior a la pandemia, el 2019-2020, con 20 casos.
Así lo ha expuesto hoy en rueda de prensa la defensora del Profesor en Cantabria, Blanca Rivero, que ha indicado que desde la creación de este servicio en Cantabria en 2005, un total de 96 docentes han sido atendidos por ANPE, pero «lo que nos llega es solo la punta del iceberg e indica que las situaciones de conflictividad están lejos de erradicarse de los centros escolares», ha asegurado.
Este recurso, exclusivo de ANPE, de atención inmediata, gratuita y confidencial para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas, realizó 13 actuaciones en Cantabria el curso pasado de las que el 38% corresponde a profesorado de Educación Primaria; el 22% de Secundaria; y el 40% de Formación Profesional.
Los casos relacionados con alumnos suponen el 55% del total; con familias, el 20%; y con otros motivos (entorno laboral, administración, alumnado o familias), el 25%.
Rivero ha destacado entre ellos la presión para modificar notas e informes, problemas para dar clase, faltas de respeto y amenazas por parte del alumnado y familias, además del uso de las nuevas tecnologías como herramienta de acoso.
Las consecuencias de estas situaciones son que el 80% de los docentes ha sufrido ansiedad o depresión; el 50% ha causado baja médica; y el 60% de los casos ha sido atendidos por el servicio jurídico de ANPE.
Ante estos hechos, el sindicato ha vuelto a exigir «unas normas claras» que regulen la convivencia escolar y la elaboración por parte del Ministerio de Educación de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar. Igualmente, la necesidad de aumentar los especialistas en los centros.
Este curso, como novedad, Cantabria cuenta con la Unidad técnica de mediación en el ámbito docente para intervenir a petición de los centros en la resolución de conflictos entre docentes, personal de administración y servicios y familias, y colaborar con los profesores para impulsar procesos de cambio y mejora de la convivencia en los centros educativos.
Sin embargo, aunque la unidad se ha puesto en marcha, el sindicato no sabe cómo funciona porque la Consejería de Educación aún no ha trasladado información al respecto.
Rivero ha valorado que la sociedad cada vez es más compleja y los centros educativos son un reflejo de ella. «Venimos de años difíciles por el Covid y el profesorado cada vez tiene mayor responsabilidad y se enfrenta a mayores retos, sobre todo con las nuevas tecnologías, la LOMLOE… Y todo eso repercute en los docentes», ha señalado.
El último informe del Defensor del Profesorado muestra que los centros educativos se han convertido tras la pandemia en soporte psicológico y asistencial de las necesidades del alumnado, a las que el profesorado debe responder «sin una formación previa».
En Cantabria, gracias a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se ha dotado de mayores recursos humanos a los centros para afrontar estas situaciones, que afectan directamente a la convivencia y a la salud mental de los docentes, pero no han sido suficientes, a juicio del sindicato.