El II Acuerdo del Diálogo Social beneficia a 10.400 trabajadores y 4.00 empresas

Gobierno, sindicatos y patronal reivindican el diálogo social para seguir avanzando en Cantabria

Las medidas pactadas por el Gobierno de Cantabria, la patronal CEOE-CEPYME y los sindicatos mayoritarios UGT y CC.OO., en el II Acuerdo del Diálogo Social, están beneficiando a más de 10.400 trabajadores y a más de 4.000 empresas, según ha informado hoy en rueda de prensa la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez.

La titular de Empleo, que ha estado acompañada por representantes de sindicatos y patronal, ha indicado que la inversión global de este segundo acuerdo se acerca a los 10 millones de euros en ayudas y subvenciones.

El Ejecutivo cántabro y los agentes sociales han presentado el balance de las medidas, una vez que esta semana se ha cerrado el plazo de presentación de solicitudes de la última de las convocatorias, la relativa a las subvenciones dirigidas a las empresas para garantizar la seguridad y salud laboral frente a la COVID-19.

Según ha desgranado Álvarez, las medidas de apoyo a la contratación han recibido, por el momento, algo más de 1.500 solicitudes que beneficiarán a otras tantas empresas y trabajadores; las medidas dirigidas a facilitar la conciliación en el contexto de la pandemia suman 658 beneficiarios; y las medidas para el sostenimiento del empleo y la actividad económica, a 9.751 trabajadores y 2.461 empresas.

Así, ha destacado «el valor» que está cobrando el Diálogo Social, que «en este contexto de dificultad ha sido y está siendo fundamental, alcanzando importantes acuerdos que benefician al conjunto de la ciudadanía».

«Espero que este escenario de diálogo, negociación y predisposición al acuerdo que se ha abierto muy especialmente a raíz de la COVID-19 se mantenga durante mucho tiempo y que el acercamiento a las elecciones, no tuerzan este camino iniciado, tan necesario para afrontar los problemas estructurales, como son la dualidad del mercado de trabajo, el vínculo entre la formación profesional y las necesidades de la empresa o el desempleo juvenil», ha manifestado.

Sobre el II Acuerdo del Diálogo Social, ha resaltado su «prisma laboral», ya que ha incluido una serie de ayudas dirigidas específicamente a reforzar a los trabajadores a diferencia de otros programas, «también muy necesarios», que han tenido en cuenta únicamente a las empresas.

La consejera ha destacado la respuesta que está teniendo los nuevos incentivos a la contratación indefinida, regulados en un decreto excepcional que continuará en vigor hasta el 31 de enero de 2022. Hasta el momento, ha señalado, el Servicio Cántabro de Empleo (ENCAM) ha registrado más de 1.500 solicitudes en solo tres meses, de julio a septiembre, lo que supone duplicar las previsiones que había manejado su departamento, que estaban en el «entorno de las 800 u 850».

En este sentido, ha aprovechado para hacer un llamamiento para «acabar con la cultura de la temporalidad largamente instalada en este país». «No se puede normalizar el uso del contrato temporal para rotar empleados que desarrollan en realidad una actividad estructural y permanente de las empresas, incluso durante años», ha defendido.

Así, según ha recordado, una empresa puede optar a una subvención del Servicio Cántabro de Empleo de hasta 11.000 euros por realizar un contrato indefinido, con la condición de que lo mantenga durante al menos un año y que haya incremento neto de plantilla con respecto al año 2020. «Son una oportunidad única para el empresariado de la región», ha apostillado.

También dentro del eje de apoyo a la contratación se abrió una línea de subvenciones a la contratación de desempleados para sustituir a trabajadores afectados por el virus que subvencionaba el 100% del Salario Mínimo Interprofesional. A la misma, que se cerró el 7 de septiembre, solo se ha presentado 3 solicitudes, de las cuales solo una cumplía los requisitos mínimos establecidos, por lo que se ha revelado como «insignificante», según la consejera.

La consejera de Empleo se ha referido igualmente a las medidas de conciliación que contemplan este II Acuerdo del Diálogo Social, como el Plan MeCuida, que complementa la renta de aquellas personas que hayan solicitado una reducción de jornada o una excedencia para el cuidado de personas vulnerables, y que solo ha recibido 16 solicitudes que supondrán una inversión, aproximada, de 60.000 euros, «muy lejos del millón que se había consignado».

Por el contrario, la convocatoria de ayudas a la conciliación de las responsabilidades laborales y familiares, que subvenciona con 80 euros al mes los gastos de guardería o con 450 euros la contratación de un cuidador, ha recibido un total de 658 solicitudes, que «en estos momentos se están revisando para publicar la resolución y hacer efectivos los pagos».

MEDIDAS DE SOSTENIMIENTO DEL EMPLEO

El tercer eje del Acuerdo son las medidas para el sostenimiento del empleo y la actividad económica, como las ayudas destinadas a empresas y trabajadores afectadas por un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), que ha beneficiado a 9.751 asalariados, con 300 euros cada uno de ellos, y a 2.427 empresas que recibirán una subvención de 300 euros por cada trabajador en ERTE, con un máximo de 3.000 euros por empresa.

En total, esta línea de ayudas ha supuesto una inversión por parte de la Consejería de Empleo de 5.224.200 euros, «una cantidad ligeramente superior a la inicialmente consignada, de 5 millones».

En este eje también figura la convocatoria del ICASST, a la que se han presentado 54 solicitudes de otras tantas empresas, que podrán recibir hasta un máximo de 1.200 euros de subvención por la compra de EPIS, la adaptación de los puestos de trabajo a las medidas de seguridad impuestas por la pandemia o la compra de monitores de calidad de aire, entre otras actuaciones.

PATRONAL Y SINDICATOS

Por su parte, los representantes de las organizaciones sociales, patronal CEOE-CEPYME y los sindicatos mayoritarios UGT y CC.OO., han coincidido en resaltar la importancia del diálogo social que confían pueda continuar desarrollándose en el futuro.

Durante sus intervenciones, entre otros aspectos, la representante de CEOE-CEPYME, Isabel Cuesta, ha solicitado una mayor simplificación de los trámites administrativos y una flexibilización de las condiciones de ayuda a los contratos, y ha valorado que las empresas han «estado a la altura» de la situación.

La secretaria general de CC.OO., Rosa Mantecón, ha lamentado que alguna de las medidas implementadas haya tenido un escaso seguimiento, como las ayudas para la sustituciones, considerando, a la vista de los datos, que «o no se han producido o desconocían la ayuda cuando se ha difundido por tierra, mar y aire», lo que en su opinión ha supuesto «una sobrecarga» de trabajo. «Nos sentimos decepcionados», ha reconocido, al tiempo que ha defendido que las ayudas «tienen que mantenerse aún habiendo pocos solicitantes».

En el mismo sentido, el secretario de Empleo de UGT, Julio Ibáñez, ha pedido una mayor difusión en los futuros programas para lograr una mayor respuesta de los colectivos a los que van destinadas.