El IbSalut certificó su conformidad con el pedido a la empresa del caso Koldo pese a haber comprobado que no cumplía
El Govern mantiene que el expediente no ha caducado y que, incluso si lo hiciera, no le impediría continuar reclamando
PALMA, 28
El Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) emitió en 2020 un certificado de conformidad con el pedido de mascarillas a la empresa clave del caso Koldo, a pesar de que ya había recibido, dos meses antes, los resultados de los análisis constatando que el material no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2.
Esta certificación se hizo el 12 de agosto de 2020 a solicitud de la empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, y la firma un subdirector de Compras y Logísticas, según ha informado en una rueda de prensa el actual director del IbSalut, Javier Ureña.
Ureña ha aclarado que es habitual que las empresas soliciten este tipo de certificados para poder presentarlos al concurrir a otras contrataciones públicas. El documento acredita que, para el IbSalut, el contrato se había ejecutado «correcta y satisfactoriamente».
Sin embargo, ya el 8 de junio de 2020 el centro estatal que analizaba el material había emitido un informe concluyendo que las mascarillas no cumplían los requisitos de una mascarilla FFP2. El material continúa a día de hoy almacenado en Son Dureta, ya caducado y sin utilizar.
Para los actuales responsables del IbSalut, ese certificado de agosto «hace que sea complicado que prospere» la reclamación de 2,6 millones de euros a la empresa, cantidad fundamentada en la diferencia de precio con una mascarilla quirúrgica. De hecho, la empresa esgrimió ese documento en las alegaciones presentadas en noviembre, además de protestar por que la administración le reclame la resolución de un contrato ejecutado tres años antes.
LA RECLAMACIÓN NO HA CADUCADO
Por otro lado, el Govern ha negado que la reclamación –iniciada formalmente, asegura, en agosto de 2023– haya caducado, ya que según sus cálculos el plazo continuaría vigente hasta abril.
No obstante, tanto Ureña como la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, han insistido en que este expediente en particular no condiciona su capacidad para reclamar los fondos.
De hecho, el Govern tiene previsto reclamar no sólo los 2,6 millones de euros por la diferencia de precio, sino el total del importe del contrato, 3,7 millones, y planea «agotar todas las vías» que sean necesarias para ello. En este sentido, Estarellas ha anunciado que ya se ha formalizado la personación del Govern ante la Audiencia Nacional.
((Habrá ampliación))
