El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado este jueves una orden ejecutiva que decreta la «emergencia nacional» por la crisis política abierta en Birmania y que exhorta a los departamentos del Tesoro y de Estado a preparar sanciones contra los líderes responsables del golpe militar del 1 de febrero, en el que fue depuesto el Gobierno liderado por Aung San Suu Kyi.

Biden ya adelantó el miércoles este paso, con el que quiere castigar a los militares que «derrocaron al Gobierno civil elegido democráticamente» y «arrestaron injustamente a líderes del Gobierno, políticos, defensores de Derechos Humanos, periodistas y líderes religiosos».

El golpe, según Biden, ha echado por tierra la «transición democrática» emprendida en Birmania y «constituye una amenaza inusual y extrordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos», según consta en la orden ejecutiva.

Dicha iniciativa autoriza el bloqueo de los activos que las personas y entidades señaladas –aún por determinar– puedan tener bajo soberanía norteamericana. «El Gobierno de Estados Unidos está dando pasos para prevenir que los generales tengan acceso indebido a los mil millones de dólares de fondos del Gobierno birmano depositados en la nación norteamericana», declaró Biden el miércoles.

Además, limitará la actividades de sectores que puedan ser considerados clave para los intereses de la junta militar y perseguirá cualquier paso que pueda contravenir los principios democráticos. La nueva orden abre la puerta también a restricciones a los viajes, de tal forma que los individuos en la lista negra no puedan entrar en Estados Unidos.

Biden ha pedido a los líderes de la junta militar birmana que renuncien al poder y liberen a todas las personas detenidas en esta última semana, entre ellos Suu Kyi, que ha sido imputada por importar materiales de comunicación prohibidos –en concreto unos walkie talkies –.

El Ejército de Birmania asumió el poder el 1 de febrero y declaró el estado de emergencia durante un año tras detener a los principales dirigentes del país. El golpe llegó tras las recientes tensiones a raíz de las elecciones generales de noviembre, en las que tanto la oposición como el Ejército han denunciado posibles irregularidades, aunque sin presentar pruebas.