Llop reconoce la gravedad de los datos de rebajas de condenas, pide acuerdo y defiende la propuesta del PSOE

PALMA, 3

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha reconocido este viernes que los datos publicados por el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) sobre rebajas de condenas a delincuentes sexuales son «realmente muy graves», y ha defendido la propuesta del PSOE para reformar la ley del sólo sí es sí asegurando que el posicionamiento del Ministerio en este tema es «exclusivamente técnico».

Así se ha expresado en declaraciones a los medios tras celebrar la Sectorial de Justicia en Palma, preguntada por las cifras que compartió este jueves el Poder Judicial. El órgano cifra en 721 las rebajas de pena y en 74 las excarcelaciones por la ley del solo sí es sí .

Llop ha afirmado que la solución propuesta por los socialistas es «técnicamente viable» y que se limita a garantizar «que las condenas más graves sigan teniendo penas adecuadas».

Según Llop, la propuesta socialista «actúa de manera casi quirúrgica sobre las penas» y mantiene el consentimiento, que «es intocable», así como «el modelo unificado de delitos en una sola conducta», la de agresión sexual.

La ministra ha deseado «que haya un acuerdo» para acometer esta reforma porque «la realidad es que se están produciendo revisiones a la baja y excarcelaciones por delitos muy graves».

«Nuestra obligación es proteger a las víctimas y dar seguridad», ha sostenido, advirtiendo a «todos los partidos» de que tienen una «extraordinaria oportunidad» para dar «una respuesta óptima a las víctimas».

La titular de Justicia ha asegurado que el Ministerio se puso a trabajar desde que trascendieron las primeras rebajas en octubre, y en buscar una solución «de ahora a futuro, porque las revisiones se están produciendo y es una situación que ya está consolidada».

Llop cree que el Poder Judicial ha hecho «un buen ejercicio de transparencia» al recabar los datos, y ha matizado que algunas de las rebajas todavía no son firmes. En cualquier caso, ha remarcado que la obligación de los responsables públicos es «blindar los derechos y la libertad de las víctimas», algo que «pasa por una reforma» en las penas.

En este sentido, la ministra se ha mostrado convencida de que «todas las fuerzas políticas que apoyaron la ley entienden la gravedad de la situación».