Las residencias de ancianos fueron un campo de batalla clave durante la pandemia de COVID-19 y se les dio prioridad en la distribución de equipos de protección individual (EPI), vacunas y pruebas diagnósticas.

Sin embargo, una nueva investigación de la Universidad de Rochester (Estados Unidos) muestra que los anticuerpos monoclonales y los fármacos antivirales orales no se utilizaron en estas instalaciones tanto como cabría esperar dado el alto riesgo de las poblaciones residentes.

En su trabajo, publicado en la revista científica JAMA , los autores examinaron los datos compilados por la Red Nacional de Seguridad de la Atención Médica del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., centrándose en el período de 19 meses comprendido entre mayo de 2021 y diciembre de 2022, durante el cual se registraron 763.340 casos de residentes en 15.092 hogares de ancianos en Estados Unidos.

Los autores señalan que todos los residentes de hogares de ancianos tienen un alto riesgo de resultados adversos debido a la COVID-19 y pueden beneficiarse de los tratamientos antivirales contra la COVID-19.

Sin embargo, el uso de estos fármacos en residencias de ancianos fue bajo, un hallazgo que los investigadores consideraron especialmente alarmante, ya que casi todos los residentes de residencias de ancianos cumplen las directrices clínicas actuales para ser considerados para el tratamiento.

En concreto, los investigadores descubrieron que sólo el 18 por ciento de los casos de COVID-19 en residencias de ancianos recibieron un tratamiento antiviral durante el periodo de estudio.

Las tasas de tratamiento sólo mejoraron a 1 de cada 4 casos de COVID-19 tras la autorización de los tratamientos orales, que son mucho más fáciles de administrar y estaban ampliamente disponibles a finales de 2022.

A finales de 2022, el 40 por ciento de las residencias de ancianos informaron de que nunca habían utilizado ninguno de los tratamientos antivirales.

Los centros con mayor proporción de residentes y de raza no blanca eran menos propensos a utilizar antivirales que podrían salvar vidas, al igual que los centros con ánimo de lucro y de menor calidad, lo que probablemente contribuyó a las disparidades en las hospitalizaciones y muertes por COVID-19.