El Govern catalán cree que el TSJC «no cuestiona» el decreto ni su potestad para posponer las elecciones
BARCELONA, 22
El Govern ha sostenido este viernes que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) «no cuestiona en ningún momento la validez jurídica del decreto de suspensión» de las elecciones del 14 de febrero, ni la competencia del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para firmarlo.
Lo ha dicho en un comunicado tras analizar la resolución del TSJC, que justifica su decisión de mantener cautelarmente en vigor la convocatoria de elecciones para el 14 de febrero porque cree que hay un interés público muy intenso en la celebración de los comicios y porque, si no se celebran, «se abre un periodo prolongado de provisionalidad que afecta al normal funcionamiento de las instituciones democráticas».
El Ejecutivo catalán ha destacado que la resolución del TSJC todavía no entra al fondo de la cuestión y «diferencia lo que sería la votación del 14F, con más de 5 millones de catalanes convocados a votar, del resto del proceso electoral».
Asimismo, el Govern ha señalado que la decisión del TSJC tiene un voto particular a favor de aplazar los comicios.
Ha explicado que el TSJC ha abierto ahora un plazo de cuatro días para que las partes denunciantes pueden formular una demanda, que concluye a las 14.00 horas del jueves 28 de enero –horas antes del inicio de la campaña–, y posteriormente como muy tarde el 3 de febrero se abrirá un plazo para que la Generalitat pueda contestar hasta el 5 de febrero.
30 DE MAYO ES «MEJOR OPCIÓN»
También ha reiterado que el 30 de mayo «es la mejor opción para celebrar unas elecciones con todas las garantías posibles y que es la fecha que se fijó por consenso de la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria».
El Govern se ha comprometido a seguir trabajando para que las elecciones se puedan celebrar «con las máximas garantías posibles a nivel democrático y sanitario», si finalmente se deben hacer el 14 de febrero.
Ha lamentado los «agravios que esta judicialización del proceso electoral puedan causar en la ciudadanía, así como el elevado coste económico que la decisión del TSJC puede causar sobre las arcas pública».
