El Govern catalán convocará las comisiones bilaterales con el Estado en los próximos seis meses


BARCELONA, 16

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha anunciado este lunes que convocarán la comisión bilateral con el Estado y la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales en los próximos seis meses.

Lo ha explicado en su comparecencia en la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, donde ha expuesto el trabajo y los objetivos que quiere llevar a cabo al frente del departamento, entre ellos una reforma para la modernización de la administración pública de Cataluña.

La comisión bilateral Generalitat-Estado se reunió por última vez en febrero de 2022, y más recientemente lo hizo la de Asuntos Económicos y Fiscales, en julio de este año.

Según Dalmau, trabajarán con «lealtad institucional y confianza» con el Estado y también con exigencia para hacer cumplir los pactos alcanzados por su formación con ERC y los Comuns, a los que ha pedido que confíen en su persona porque le gusta hablar con hechos, ha dicho.

«Cumpliremos los acuerdos de investidura y los pactos parlamentarios», ha recalcado el conseller, tras anotar cuestiones pendientes como el traspaso del Ingreso Mínimo Vital, Rodalies y la importancia de fortalecer el autogobierno para mejorar los servicios públicos.

Sobre la propuesta de una financiación singular, ha admitido que es «un planteamiento ambicioso y el Govern lo cumplirá», y ha preguntado a los grupos si pondrán sus intereses de partido por encima de los de Cataluña, entre los cuales Junts y PP.

Consciente de que el PSC no tiene mayoría absoluta en la Cámara, ha agradecido la «valentía» de ERC y los Comuns y también ha asegurado que estarán abiertos a escuchar y propuestas que hagan el resto de formaciones.

«NO EXCLUIREMOS A NADIE»

«Háganlas y las integraremos. No excluiremos a nadie», ha subrayado Dalmau, que ha asegurado que está abierto a atender todas las propuestas que le lleguen siempre que busquen mejorar la vida de los ciudadanos.

El primer reto que tienen ahora, ha concretado, es la aprobación del proyecto de Presupuestos de 2025, un objetivo que quiere que sea una tarea compartida, y también sitúa como un objetivo que Cataluña «vuelva a ser líder en el PIB en el conjunto de España».

Otra prioridad es la reforma de la administración pública y un plan de mejora y modernización de los servicios públicos que pase por la simplificación normativa y de procesos; servicios públicos desde las necesidades y la mirada de la ciudadanía; una administración 100% digital con garantía presencial con y sin cita previa; garantizar un tiempo de respuesta; acabar con la precariedad laboral y ser fuente de innovación.

El plan también ahondará en un nuevo modelo de dirección pública profesional; replanteará los servicios públicos teniendo en cuenta temas como el impacto demográfico y el cambio climático; buscará el prestigio, la reputación y el respeto a los servidores públicos; avanzará por una comunicación clara y se dotará de instrumentos de evaluación.

DIÁLOGO CON SINDICATOS

«Transformar para proteger los servicios públicos», ha resumido Dalmau, que ha explicado que la semana pasada ya mantuvieron una reunión con representantes de los trabajadores de la Generalitat, y que en las próximas empezarán conversaciones con todos los colectivos implicados, sindicatos y sociedad civil.

«He llegado a acuerdos en materia laboral de diferente índole y he gestionado conflictos. No me dan miedo», ha resaltado el conseller, que defiende la necesidad de optimizar el sector público, por lo que se ha mostrado partidario de seguir adelante con la disolución de entidades inactivas u obsoletas.

PLAN DE CHOQUE

En el ámbito de la ocupación pública, quiere un plan de choque que incorpore una planificación estratégica de los recursos humanos, con medidas urgentes en el ámbito de la selección, simplificando y agilizando procedimientos de selección, trámites y plazos; en la provisión de puestos de trabajo, y simplificando y agilizando también procedimientos de concursos generales y la permanencia en el lugar de trabajo.

Además, ha reclamado un nuevo papel para la Escola de l Administració Pública de Cataluña para «prestigiarla» y quiere impulsar una transformación tecnológica de los sistema de información en la gestión de recursos humanos.

Para ello, ve necesario aprobar la ley de organización de la administración de la Generalitat y de su sector público, la ley de ocupación pública de Cataluña, y la ley para reforzar y modernizar y la Escola de l Administració Pública de Cataluña.

Durante su intervención, el conseller también ha subrayado la atención que merece el mundo local y las asignaturas pendientes que hay en esta cuestión, como la ley de gobierno locales y su financiación.

GRUPOS

El diputado de Junts Josep Rius ha avisado a Dalmau de que serán la alternativa «al Govern más españolista de la historia», además de criticar algunos de sus perfiles como el del conseller Jaume Duch, y ha cuestionado el acuerdo de los socialistas con ERC.

Además de reivindicar el trabajo hecho por el Govern anterior, encabezado por Pere Aragonès, la diputada de ERC Marta Vilalta ha asumido que las urnas los enviaron a la oposición, desde donde vigilarán que se cumplan los acuerdos alcanzados con los socialistas, empezando por el de la financiación: «Esperamos que al PSC no le tiemble el pulso y que Junts no ponga su interés partidista por delante».

El diputado del PP Juan Fernández ha reprochado a Dalmau falta de concreción y de propuestas ante «un sector público sobredimensionado», y lo primero que ha exigido es que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, reduzca el número de consellerias, una reforma de la administración catalana y que se refuerce al mundo local.

Desde Vox, el diputado Joan Garriga ha reclamado al conseller una relación «más respetuosa» con su grupo que en anteriores legislaturas, aunque albergan nulas esperanzas –textualmente– de que el departamento que encabeza vaya bien.

El diputado de los Comuns Lluís Mijoler ha defendido el acuerdo de investidura sellado con los socialistas, pero ha avisado de que ejercerán una oposición exigente y constructiva: «Juzgaremos al Govern por lo que hagan, no por el nombre de sus consellers ni por el resto de cargos nombrados, aunque tendríamos alguna duda».

«El PSC, como una buena sucursal del PSOE, rinde pleitesía a la oligarquía española», ha manifestado la diputada de la CUP Laia Estrada, que ha asegurado que tiemblan cuando Dalmau habla de reformar los servicios públicos para protegerlos.

Desde PSC-Units, Ivana Martínez ha aplaudido la reforma de la administración que quiere llevar a cabo el conseller y cree que su perfil aportará «una visión moderna» del municipalismo.

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