El Gobierno vuelve a reunir mañana a sus socios de izquierda en el Congreso por el impuesto energético

PNV y Junts no tienen pensado asistir y tampoco piensan apoyar la prórroga del actual gravamen

El Gobierno volverá a reunir este miércoles a sus socios parlamentarios de izquierda en una mesa para debatir sobre la permanencia del gravamen a las empresas energéticas, pero ya sin más margen que aprobar un nuevo decreto ley que prorrogue la tasa que caduca el próximo 31 de diciembre.

La convocatoria tendrá lugar la víspera de que el Pleno del Congreso dé luz verde definitiva a la ley del impuesto a la multinacionales que recogió parte de la reforma fiscal impulsada por el Gobierno y que cerró la puerta al impuesto a las energéticas que reclamaban los socios de izquierda.

Ya hubo una reunión hace una semana en la que la vicepresidenta María Jesús Montero se comprometió con Sumar, ERC, Bildu, BNG y Podemos a que el Gobierno aprobará un decreto ley para prorrogar un año más el actual gravamen. Y en principio este año ya no hay más reuniones del Consejo de Ministros que la que está programada para el próximo lunes, día 23 de diciembre.

Ni PNV ni Junts asistieron a aquel primer encuentro y tampoco tienen pensado asistir a la nueva cumbre, ni piensan apoyar ese decreto ley que el Gobierno ya prometió a ERC, Bildu y BNG cuando la reforma fiscal se encontraba en fase de comisión.

De su lado, Podemos ha dicho que la fórmula del decreto no fue lo pactado con el Gobierno para dar su apoyo a la reforma fiscal, por lo que consideran que está habiendo un «incumplimiento» por parte del Ejecutivo, al que le ha espetado «falta de compromiso» con el tributo, que ponen como condición indispensable para sentarse a negociar los Presupuestos con el Gobierno.

CON UN DECRETO NO SE PUEDEN APROBAR IMPUESTOS

Y es que, la vía del decreto ley no permite aprobar impuestos, que era una condición sine qua non del PNV para aceptarlo, ya que la figura actual impide que las haciendas forales de Euskadi y Navarra puedan gestionar lo recaudado.

Desde el Gobierno confían en gravar a las empresas de este sector, pero eximiendo a aquellas que reinviertan sus beneficios en proyectos de descarbonización y de inversión en electrificación. No obstante, estas mismas fuentes asumieron que se trata de un objetivo complejo porque la realidad es que actualmente las posiciones «están muy alejadas».