El Gobierno valorará el nivel de desempleo y el mercado de vivienda para asignar a las CCAA nuevas sedes

Las CCAA y entidades locales podrán ofrecer cesión de inmuebles y la asunción parcial o total del coste de esta sede

El Gobierno ha aprobado este martes un acuerdo que regulará el proceso de deslocalización de las nuevas sedes de instituciones públicas. Para la elección, las comunidades y las entidades locales se podrán postular y ofrecer cesión de bienes inmuebles, y el Ejecutivo valorará factores como el nivel de desempleo y el mercado de la vivienda, entre otros.

Según ha informado el Ministerio de Política Territorial, el procedimiento para la determinación de las sedes se desarrollará en un decreto con varios ejes centrales, entre las que destaca que las entidades cuya sede se someterá a este procedimiento son las que integran el sector público institucional estatal de nueva creación.

Para la elección, el Gobierno defiende que se fundará en un «procedimiento abierto, transparente y competitivo» en el que cualquier autonomía o entidad local podrá postular una localidad, ofrecer cesión de bienes inmuebles y asunción parcial o total del coste financiero.

Eso supondrá, según reivindica el Ejecutivo, que el Estado podrá compartir los costes asociados al establecimiento de sedes de entidades.

Además de los factores del nivel de desempleo y el mercado de la vivienda, el Ejecutivo también valorará para la elección de estas regiones otros elementos como la conexión con el ámbito de actuación de la entidad o el número de instituciones públicas estatales que ya hay en la comunidad.

SE CREARÁ UNA COMISIÓN CONSULTIVA

Se constituirá una comisión consultiva, presidida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, como órgano interministerial de la Administración General del Estado, que asistirá al Consejo de Ministros en el proceso de elección de las sedes donde se ubicarán las entidades del sector público institucional estatal.

Y es que será luego el Consejo de Ministros el que iniciará y finalizará el procedimiento, y el que decidirá que se abra el proceso para determinar la sede de una entidad, adoptando el acuerdo final en torno a la ubicación. La Comisión consultiva informará la decisión elaborando un dictamen que recogerá las distintas alternativas.

Además, el Gobierno defiende que también se tendrá en cuenta «en todo momento» el papel de los trabajadores públicos, incorporando al procedimiento la posibilidad de ofrecerles condiciones ventajosas de traslados y la garantía de que la entidad pública podrá ejercer de manera eficaz sus funciones en la localidad donde se ubique.