El Gobierno traslada a la industria su propósito de mantener constantes los costes de la electricidad en 2020

Justifica el recorte acometido en que supone un coste «excesivo» para los consumidores

El Gobierno ha trasladado al conjunto de la industria española su voluntad de preservar la competitividad «con el firme propósito» de que el coste efectivo de la electricidad para los grandes consumidores se mantenga constante durante el próximo año en los mismos niveles que en 2019.

Así lo han asegurado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ambas en funciones, a través de una carta remitida a las principales asociaciones y sindicatos industriales de gran consumo energético del país, como respuesta a un escrito que éstas firmaron conjuntamente la semana pasada y que estaba dirigido al Gobierno, tras conocer los términos de la subasta de interrumpibilidad.

En concreto, se redujo en un 60% la potencia subastada y la puja se saldó con un precio medio de asignación un 90% inferior a la última subasta realizada, para un sistema que persigue asegurar el suministro eléctrico nacional, a través del compromiso de los grandes consumidores de electricidad por reducir su consumo eléctrico cuando el sistema eléctrico lo requiere, siendo retribuidos por ello.

En la misiva, las ministras justifican este recorte como consecuencia de la adaptación progresiva de este sistema a los requisitos exigidos por la normativa comunitaria, después de que la Comisión Europea haya incidido en la necesidad de justificar el volumen de potencia que se venía subastando en España.

En particular, el Gobierno asegura que Bruselas ha cuestionado el «elevado» volumen del servicio interrumpible en un país que cuenta con una «exceso» de capacidad de generación, un «excesivo» coste total de este mecanismo para los consumidores y un «reducido» nivel de competencia existente para prestarlo.

De igual forma, en aras de una mayor competencia y siguiendo las indicaciones de la Comisión Europea, Maroto y Ribera justifican que, además de reducir el volumen subastado, haya sido necesario que esta potencia sea subastada en bloques de 5 megavatios (MW) para que la Comisión Europea haya podido aceptarla.

ESTATUTO DE CONSUMIDORES ELECTROINTENSIVOS

Asimismo, recuerdan que el Ejecutivo ya preparó un real decreto ley para la elaboración y aprobación de un Estatuto de Consumidores Electrointensivos, en la que se contempla la figura del consumidor electrointensivo.

No obstante, las ministras recuerdan que, aunque el texto se encuentra en un estado «avanzando» de tramitación, es necesaria la conformación de un Gobierno que, consideran, «dará el impulso definitivo al reglamento».

En la carta defienden que este estatuto está en línea con la doctrina de la Comisión en materia de ayudas de estado y que recoge medidas como el fomento de la contratación a plazo mediante la firma de acuerdo de compra de energía (PPAs, por sus siglas en inglés) con garantías del Estado «que permitirá a la industria beneficiarse de manera inmediata de unos precios más competitivos, estables y predecibles».

Pese a todo, la misiva recoge también dos limitaciones a las que se enfrenta este estatuto. En primer lugar, la intensidad máxima de ayuda, que viene fijada por la Comisión Europea, y en segundo lugar, la disponibilidad presupuestaria, ya que se financia con los Presupuestos Generales del Estado.

Por ello, el Gobierno tiene previsto realizar una consulta a la Comisión Europea con el propósito de incrementar la intensidad máxima autorizada para España durante el próximo año.

Por último, ambos ministerios afirman estar «siempre abiertos» a mantener las vías de diálogo con los agentes del sector y se comprometen a establecer un marco regulatorio que garantice la competitividad de la industria española, cumpliendo, no obstante, con la normativa europea de mercado interior y ayudas de Estado y sin poner en peligro la sostenibilidad del sistema eléctrico.

La carta ha sido remitida a la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), a la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), a Comisiones Obreras de Industria y a la La Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT-FICA).