El Gobierno sugiere que la modificación de la jubilación anticipada podría incluir a los sanitarios
El Gobierno ha sugerido que la modificación de la jubilación anticipada «incidirá en la tramitación de las peticiones de las profesiones sanitarias actualmente en curso», es decir, en la posibilidad de que estos profesionales también puedan acceder a este beneficio.
A través de una respuesta por escrito a VOX en el Congreso, fechada a 13 de febrero y a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno ha avanzado que se encuentra en la actualidad trabajando en la modificación, «a la mayor brevedad posible», del marco regulador de los procedimientos para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el Sistema de la Seguridad Social.
Esta modificación, de acuerdo con el Ejecutivo, se hará «en consonancia también con el contenido de la recomendación sobre la edad de jubilación del último informe de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo».
Al respecto, el Ejecutivo ha añadido que esta adaptación normativa «incidirá en la tramitación de las peticiones de las profesiones sanitarias actualmente en curso». Se hará, según el Gobierno, «de acuerdo con las disposiciones sobre transitoriedad que se establezcan y, en todo caso, sin merma alguna de los derechos que les amparan en relación con dicho procedimiento».
Esta respuesta del Gobierno choca frontalmente con las declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien el pasado miércoles descartó que se estuviera estudiando la jubilación anticipada a los sanitarios.
«No lo estamos contemplando», apuntó el ministro en declaraciones al programa Al Rojo Vivo, de La Sexta. Al respecto, recordó que la estrategia hasta ahora del Gobierno ante el déficit de profesionales es precisamente la contraria, con incentivos para que los sanitarios atrasen su jubilación lo máximo posible o incluso puedan cobrar una parte de la pensión mientras siguen trabajando más allá de los 65 años.
La jubilación anticipada es una de las peticiones históricas tanto de médicos como de enfermeros. De hecho, el pasado 3 de febrero la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) presentó 60.522 firmas en el Registro del Ministerio de Seguridad Social pidiendo al Ejecutivo que activara los mecanismos para el reconocimiento de la jubilación anticipada mediante la aplicación de coeficientes reductores.
Previamente, el sindicato ya demandó en octubre de 2022 al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por no iniciar los trámites para que el personal sanitario pueda acogerse a esta modalidad de jubilación. El 16 de febrero, CSIF amenazó con convocar una huelga del personal sanitario a nivel nacional si el Ministerio de Escrivá no reconoce la jubilación anticipada.
Por su parte, cerca de 40.000 enfermeros se han dirigido por escrito, como parte de una iniciativa del Sindicato de Enfermería (SATSE), al ministro de Seguridad Social para reclamar el acceso a la jubilación anticipada voluntaria.
En concreto, estos enfermeros han pedido a Escrivá que se aplique un coeficiente reductor para su jubilación, como ya se ha hecho para otros colectivos profesionales (policías, mineros, bomberos, artistas, toreros…), en virtud de la Ley General de la Seguridad Social.
Esta norma prevé que la edad mínima exigida para tener derecho a jubilación pueda ser rebajada en aquellas actividades profesionales que sean de naturaleza «excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre» y acusen elevados índices de morbilidad y mortalidad, requisitos que los profesionales de Enfermería, según SATSE, cumplen «más que de sobra».