El Gobierno señala que es «difícil comprender» la decisión de la Fiscalía y defiende la «inocencia» de Piñera

El Gobierno de Chile ha considerado este viernes «difícil de comprender» la decisión tomada por la Fiscalía del país de abrir una investigación para determinar si el presidente, Sebastián Piñera, incurrió en delitos en la venta de Minera Dominga, mientras que ha defendido la inocencia del mandatario asegurando que se trata de un hecho ya investigado en el pasado.

El fiscal general de Chile, Jorge Abbott, ha anunciado este viernes la apertura de una investigación contra Piñera por el caso de la venta de Minera Dominga, revelado esta semana tras la publicación de los Papeles de Pandora donde se indica que el mandatario habría utilizado un paraíso fiscal para dicha transacción y la habría condicionado utilizando su papel de funcionario público.

Tras conocer la noticia, desde La Moneda han indicado que «resulta difícil comprender la decisión tomada este viernes por el Ministerio Público».

«Respecto a la decisión anunciada por el Ministerio Público de iniciar una investigación sobre la compraventa de Minera Dominga, realizada en el año 2010, la Presidencia de la República reitera que existe un pronunciamiento de las máximas autoridades del Poder Judicial, que constituye cosa juzgada en relación a que los hechos investigados no constituyen delito y a la inocencia del presidente Sebastián Piñera», ha indicado el Gobierno a través de un comunicado que recoge La Tercera .

Además, la Presidencia ha insistido en que «nada de esto ha cambiado y no existe ningún elemento distinto», y que «los antecedentes de la venta de la participación de Minera Dominga, en la cual miembros de la familia del presidente –al igual que muchos otros inversionistas– tenían una participación indirecta y no controladora, están incluidos en la carpeta de investigación, mediante correos electrónicos y del documento denominado Acuerdo , tanto en forma digital como impresa».

Estos argumentos se relacionan con la consideración de la Fiscalía de que «el contrato en inglés, suscrito en Islas Vírgenes Británicas, no estaba incorporado en la investigación de ese tiempo, por lo que es un antecedente nuevo» y de que «los hechos relacionados con la compraventa de la minera no está expresamente incluidos en la decisión» anterior del Poder Judicial.

Por otro lado, e insistiendo sobre que el asunto ya se había abordado por la Justicia, desde Presidencia han explicado que «en la audiencia de sobreseimiento definitivo se debatió acerca de la enajenación de la participación en el proyecto Minera Dominga. La resolución del Tribunal de Garantía fue apelada ante el Tribunal de Apelaciones de Santiago, la cual confirmó en forma unánime el sobreseimiento definitivo».

«Es más, dicho tribunal señaló que no divisaba una expectativa razonable de que hayan ocurrido realmente delitos o que puedan ser descubiertos en el futuro. Adicionalmente, el querellante dedujo un recurso de queja ante el Tribunal Supremo, el que fue desestimado de plano en forma unánime», según La Moneda.

Por último, la Presidencia ha indicado que «discrepa con lo señalado por la Fiscalía, en orden a que la venta de Minera Dominga, incluyendo su forma de pago, saldo de precio, plazo y condiciones, no haya sido conocida por la Fiscalía (…). Tenemos plena confianza en que, al igual que en todas las ocasiones anteriores, la Justicia ratificará lo ya decretado por ella misma y confirmará la total inocencia del presidente Piñera».

La publicación de la investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha provocado revuelo en el país por la revelación de que el presidente podría estar implicado en posibles infracciones fiscales.

Según la información publicada, Piñera participó en la venta de Minera Dominga a su amigo personal Carlos Alberto Délano utilizando un paraíso fiscal en Islas Vírgenes Británicas en 2010, en su primer mandato presidencial.

La investigación asegura que Piñera traspasó acciones de Minera Dominga por 152 millones de dólares en tres pagos, el último de ellos condicionado a la decisión del Gobierno sobre la designación como reserva natural del terreno en el que está emplazado el mineral, que fue rechazada por la autoridad ambiental en 2011.