El Gobierno señala que el PP no votó contra la tasa local de basuras y los populares exigen que la elimine por injusta
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este martes que el PP no votó en contra de la ley que incorpora la tasa de basuras, mientras que los populares han exigido al Gobierno que elimine ese impuesto municipal, que consideran injusto, innecesario y engañoso.
Ha sido durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, en la que Torres ha replicado al PP que el comisario europeo que aprobó la directiva comunitaria que anticipaba ese impuesto fue el popular Miguel Arias Cañete y que el presidente del Gobierno de entonces, año 2018, era Mariano Rajoy.
«Con lo cual, eso es lo que ocurrió, ¿qué hace culpando al PSOE?», ha expresado el ministro, que ha añadido que la transposición de esa directiva al ordenamiento español se hizo a través de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que ahora desde el PP «critican» pero que «no votaron en contra», según ha precisado.
Torres ha señalado que «es una tasa actualizada» y ha sostenido que lo que pretende el PP es una «amnesia política», olvidar lo que votaron «para acusar al Gobierno».
Así ha respondido el ministro a la senadora del PP Inmaculada Hernández, que ha cuestionado qué medidas piensa adoptar el Gobierno sobre el «tasazo de basuras».
La senadora popular ha defendido que el objetivo de la directiva europea es que se recicle más y se reduzcan los residuos, «pero nunca que se cargue y se grave a las familias, que se aumente la presión fiscal».
A su juicio, el Gobierno «se inventa» que Europa ordena a los ayuntamientos la gestión y recaudación de esa tasa, ya que «la Comisión Europea ha dicho que no existe tal obligación para los ayuntamientos de imponerla».
«Como si los españoles no tuvieran suficiente con la cantidad de impuestos de Pedro Sánchez, con la inflación, con el precio de la vivienda, y como si los ayuntamientos no tuviesen la suficiente autonomía consagrada en la Constitución, que reconoce la capacidad de las entidades locales para trabajar por sus propios intereses económicos», ha manifestado.
