El Gobierno salva el primer escollo a la Ley de Cooperación pero deberá trabajar por el consenso que reclama

El Congreso tumba la enmienda a la totalidad de Vox mientras PP y otros partidos prometen enmiendas en el trámite parlamentario

El Gobierno ha conseguido salvar este jueves en el Congreso de los Diputados el primer escollo a la nueva Ley de Cooperación Internacional con el rechazo a la enmienda a la totalidad presentada por Vox pero deberá trabajar durante el trámite parlamentario para conseguir el amplio consenso que desea ya que desde el PP y el resto de partidos han advertido que presentarán enmiendas para mejorar el texto.

El Pleno de la Cámara Baja ha rechazado por 53 votos a favor y 194 en contra la enmienda de Vox. Los de Santiago Abascal habían solicitado que el texto de la futura Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global fuera devuelto al Gobierno, denunciando la «ideologización» de su contenido y también que estaba en juego la soberanía nacional.

Según ha sostenido su portavoz, Víctor Manuel Sánchez del Real, encargado de defender la postura de su partido ante el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, la futura ley «vende la soberanía de España a unos entes globales que ni siquiera define» como la «ciudadanía global» o la «gobernanza global».

Asimismo, ha criticado nuevamente la Agenda 2030. «Nos dedicamos a importar agendas y objetivos en lugar de defender por ahí ciudadanos libres», ha reprochado, denunciando que el Gobierno ha inventado el «neocolonialismo globalista» ya que pretende con la cooperación «imponer a otros países una serie de ideas».

«De eso no va la cooperación», ha espetado al ministro, al que ha tachado de «mentiroso y faltón» y le ha acusado de «faltar el respeto a las tercera fuerza política de la cámara» y a los millones de españoles que representa.

En su intervención, Albares, que no ha mencionado ni una sola vez a Vox al rechazar la enmienda, ha denunciado que van «contracorriente» y que «no se oponen a la ley, se oponen a la cooperación en sí y a los principios básicos que inspiran» la cooperación al desarrollo, además de «dar la espalda a los cooperantes».

El ministro ha defendido que la nueva ley, que reemplazará la de 1998, es necesaria por los cambios registrados en estos 25 años en el mundo de la cooperación y también reclamada por el sector. Lo que se busca es una «revisión profunda y ambiciosa del sistema de cooperación» que permitirá «una mayor eficacia e impacto en nuestra actuación», ha sostenido.

El texto planteado por el Gobierno es «ambicioso, completo y define un nuevo modelo vanguardista de cooperación» además de ser resultado del «diálogo participativo» tanto con los actores de la cooperación, como atendiendo a las recomendaciones de organismos internacionales y también a las propuestas que desde comunidades autónomas y entes locales así como a nivel parlamentario se han trasladado, ha subrayado.

La nueva ley «hará de España un país de referencia en el seno de la comunidad internacional y nos situará como referente entre los modelos de cooperación», ha reivindicado Albares, esgrimiendo que «para que a los españoles les vaya bien dentro tenemos que hacer las cosas bien fuera y también es necesario que a vecinos, socios y amigos en el mundo también les vaya bien». La cooperación es pues «inversión en el bienestar del mundo que redunda en el bienestar de los españoles», ha acotado.

El ministro ha aprovechado para glosar los principales aspectos del texto, entre ellos que se fija por ley destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte de 20390 y que el 10% de esta se destine a acción humanitaria.

Asimismo, ha recordado que se prevé llevar a cabo una reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y también un nuevo Estatuto del Cooperante que suceda al de 2006 y que contribuya a dignificar esta profesión. También ha puesto en valor el papel de la cooperación descentralizada que llevan a cabo comunidades autónomas y ayuntamientos, «una de nuestras señas de identidad y de los grandes activos de nuestro sistema».

El deseo del Gobierno, ha dicho Albares, es que la futura ley «perdure en el tiempo» de ahí su «mano tendida» al resto de grupos para que «sea aprobada con el mayor consenso posible». En este sentido, ha agradecido a «la inmensa mayoría grupos su excelente disposición para trabajar conjuntamente y de modo constructivo para mejorar este proyecto de ley». «Es una excelente noticia para la cooperación y para España», ha celebrado.

Desde el PP, su portavoz, Paloma Gázquez, ha pedido «voluntad de acuerdo al PSOE», recordando que cuando se aprobó la ley anterior los populares , entonces en el Gobierno, supieron «ceder» y de ello salió una norma que ha perdurado 25 años. «Les pido que hagan lo propio», ha señalado, asegurando que por su parte están «en la mejor predisposición».

Con todo, Gázquez ha señalado que el texto es «mejorable» pero ha descartado la enmienda a la totalidad planteada por Vox. «Eso sería el no por el no y se lo dejamos a otros, nosotros somos la alternativa y un partido constructivo», ha dicho la portavoz del PP, adelantando que durante la ponencia que tramitará ahora el texto presentarán enmiendas parciales para poder mejorarlo.

En opinión del portavoz de Ciudadanos, Juan Ignacio López-Bas, la ley «podría ser algo más ambiciosa» pero en todo caso «hay más de positivo de lo que pueda faltar como para rechazar de plano la norma». En este sentido, ha adelantado que también presentarán enmiendas y ha confiado en que no termine habiendo «cesión de competencias» a la cooperación descentralizada.

A este respecto, la portavoz del PNV, Josune Gorospe, ha justificado la decisión de su grupo de retirar la enmienda a la totalidad que habían presentado, explicando que ha habido «un proceso de diálogo y negociación» con el Gobierno frente a lo que el partido consideraba que era una pérdida de competencias en materia de cooperación para las comunidades autónomas y se ha acordado incluir durante el debate parlamentario salvaguardas respecto a esta cuestión.

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