El Gobierno reitera que no puede actuar contra los mensajes homófobos del CEUC mientras dure la investigación
PRC y Vox apoyan al Ejecutivo mientras el PSOE le reprocha que esté «de brazos cruzados» y «no se haya puesto en contacto con la víctima»
La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ha reiterado que el Gobierno de Cantabria no puede sancionar los mensajes homófobos que se publicaron el 15 de enero en la red social X del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria (CEUC) hasta que la Universidad no termine la investigación al respecto, ya que aún no se ha determinado la autoría de los tuits.
Gómez del Río ha comparecido este jueves en una comisión parlamentaria, a petición del Grupo Socialista, para informar de cómo ha actuado el Ejecutivo desde que salieron a la luz esos mensajes, que iban en contra de una de las candidatas a presidir el CEUC por su condición sexual.
Así, ha citado algunos pasos dados a partir del 25 de enero, cuando se pidió a la Universidad que informara de la investigación cuando ésta terminara, a lo que se suma la solicitud de un informe jurídico a los servicios de la Consejería al día siguiente o una nueva reclamación de información al rector de la UC el 15 de febrero, al que éste respondió que el expediente aún se encuentra en fase de instrucción.
En su comparecencia ante los portavoces de los grupos, la consejera ha recabado el apoyo de PRC y Vox, que han coincidido en que el Gobierno ha hecho lo correcto y que «no puede actuar fuera de derecho», ya que aún no se ha declarado un culpable de los mensajes, además de que «hay que respetar la independencia universitaria».
Por contra, el PSOE ha opinado que el Gobierno «no puede seguir de brazos cruzados y esperando a que la UC resuelva el asunto», pues a su juicio «sigue sin hacer todo lo que podría». También ha reprochado al Ejecutivo que no se haya puesto en contacto con la víctima personalmente para preguntar «qué tal está» y para ofrecer ayuda.
Los cuatro grupos han mostrado su «rechazo absoluto» a los mensajes publicados en la red social pero PP, PRC y Vox han llamado a los socialistas a «no utilizar un tema tan serio como un arma arrojadiza», sino a centrar el debate en si el procedimiento que ha seguido el Gobierno se ajusta a derecho y a sus posibilidades, lo que a su juicio así es.
«Lo que el Gobierno ha realizado es cumplir con el principio de legalidad», que «supone que la Administración no puede desenvolverse de manera ajurídica», ha sentenciado la consejera, que ha criticado la «demagogia» del PSOE desde que hace unas semanas llevó al Pleno del Parlamento una proposición no de ley (PNL) cuyo contenido era «nulo de pleno derecho», ya que pedía imponer sanciones cuando «en ningún caso» se puede hacer «sin un procedimiento previo en el que se garantice la audiencia al presunto infractor».
De hecho, y ya que esa iniciativa no recabó ningún apoyo del resto de grupos, en la comisión parlamentaria de este jueves se ha aprobado otra PNL presentada por el PP para condenar los mensajes, que ha salido adelante con el voto de populares y regionalistas y con la abstención de PSOE y Vox.
«El PP, en este tema y en otros, no mira para otro lado, mira para la Constitución», ha insistido Gómez del Río reiterando su apoyo al colectivo LGTBI, que «requiere que las cosas se hagan bien, buscando resultados y no fotos».
INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA
Así, ha insistido en que es necesario esperar a la instrucción de la UC y a las actuaciones que emprenda, porque si opta por dar traslado a la Fiscalía habría que esperar hasta que ésta decida si se archiva o sigue adelante. A continuación, en el caso de que hubiera una sentencia, habría que ver «si se puede incriminar en una infracción administrativa».
Pero desde el PSOE, el diputado Jorge Gutiérrez ha tachado a los populares de «demagogos y mentirosos» y ha denunciado que no emprendieron acciones hasta que su grupo registró el 24 de enero la iniciativa que se debatió en el Parlamento.
«Tenían que haber estado el mismo 15 de enero», ha dicho, incidiendo en que el papel del Gobierno es «perseguir al infractor», porque «aparte de mirar a la Constitución, hay que mirar a las víctimas».
Por contra, tanto PRC como Vox han dado por buenas las explicaciones de la consejera. «Debemos esperar a que se termine la investigación y entonces sí que estaremos pendientes de que el Gobierno cumpla con la normativa aplicable», ha dicho la regionalista Rosa Díaz, consciente de que «no se puede abrir un expediente sancionador» cuando «no sabemos quién ha cometido los hechos».
Además, cree que «no es reprochable» que el Gobierno no haya contactado personalmente con la víctima cuando ha condenado lo ocurrido públicamente.
También, desde Vox, Armando Blanco ha coincidido con que «toca esperar» y ha rechazado «ser partícipes de esa especie de cacería política que trata de hacer el PSOE». «Cuando tengamos el informe, hablaremos con conocimiento», ha sostenido.
Finalmente, el diputado popular Álvaro Aguirre ha insistido en que hacer lo que pide el PSOE sería «una prevaricación administrativa de libro: dictar una resolución injusta a sabiendas».
Y es que el Gobierno «no es competente para investigar unos hechos que se han producido en el seno de la autonomía universitaria. Eso será el Zuloaga style : juez, fiscal, acusación popular, acusación particular, incluso abogado defensor. Todo en uno, es el hombre orquesta», ha dicho en alusión al secretario general socialista, Pablo Zuloaga.
