El Gobierno reclama a Ence un «plan de futuro» para su actividad en Pontevedra

Insta a la Xunta a aportar «soluciones»

A CORUÑA, 1

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha reclamado este lunes a Ence un «plan de futuro» para la actividad que mantiene en la biofábrica de Lourizán, en Pontevedra, en terrenos públicos que son objeto de una concesión discutida ahora en los tribunales. Además, se ha dirigido a la Xunta para que se ponga «a disposición» de la compañía y aporte «soluciones».

En declaraciones tras reunirse telemáticamente con representantes del comité de empresa de la planta –ninguno de CC.OO.–, Losada ha reiterado que el Ejecutivo estatal está abierto «a dialogar y escuchar», si bien «es fundamental conocer el proyecto industrial de futuro que tiene la empresa».

También ha incidido en la necesidad de que Ence aborde sus planes de manera pública y con la mente puesta en el mantenimiento de los puestos de trabajo, según informa la Delegación del Gobierno a través de un comunicado.

Cabe recordar que la biofábrica de Lourizán se encuentra en suelo de dominio público marítimo-terrestre, que es de titularidad estatal, bajo un régimen de concesión desde 1958.

No obstante, la prórroga por 60 años de esta concesión aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2016 está ahora en revisión por parte de la Audiencia Nacional tras sendos recursos presentados, entre ellos el del Ayuntamiento de la ciudad. De hecho, con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, la Abogacía del Estado decidió allanarse en el procedimiento, lo que implicó dejar de apoyar la concesión en los tribunales.

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO

Asimismo, ante la polémica abierta por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que está en trámite en el Congreso, el delegado del Gobierno ha ratificado que el artículo 18.4 de este texto no afecta «en nada» al futuro de la factoría.

Este precepto confirma la duración máxima de las concesiones a 75 años, incluyendo prórrogas –en el caso de la planta en Lourizán, hasta 2033–, tal y como ya establecían leyes anteriores como la de Costas de 1988 y la del Patrimonio de las Administraciones Públicas del 2003. Sin embargo, añade que serán «nulos de pleno derecho» los actos administrativos que incumplan este plazo, por lo que el futuro de la planta podría depender de si esto se aplica o no retroactivamente.

En este contexto, el delegado del Gobierno ha confirmado que esta ley no tendrá repercusión para la biofábrica, por lo que ve «preciso» que su directiva presente ya «un plan de futuro para la actividad industrial» sometida a la concesión.

No en vano, Losada también se ha dirigido a la Xunta: «No puede mirar hacia otro lado, sino que tiene que ponerse a disposición de Ence para darle soluciones».