El Gobierno quiere que las empresas avisen con nueve meses de antelación si van a deslocalizar su actividad
El PSOE y Sumar han registrado una iniciativa conjunta en el Congreso con la que plantean que las empresas que pretendan deslocalizar parte o toda su actividad dentro de España anuncien sus intenciones a la Administración al menos nueve meses antes de materializarlo.
Se trata de una proposición no de ley que los socios de Gobierno han registrado para su debate en la Comisión de Industria y con la que plantean hacer efectivas las medidas contempladas en la Ley de Industria, que está pendiente de tramitación.
Una de esas medidas es el plazo de aviso de nueve meses que los socios de Gobierno quieren implantar para que quepa la posibilidad de negociar medidas que puedan revertir la decisión y analizar alternativas industriales.
Tanto PSOE como Sumar quieren impulsar medidas que desincentiven los fenómenos de deslocalización empresarial en España y elaborar una estrategia que fortalezca la estabilidad de la industria nacional.
CREAR LA MESA DE LA REINDUSTRIALIZACIÓN
La iniciativa también apuesta por crear la «Mesa de la Reindustrialización» con los organismos y administraciones competentes, para analizar la información, establecer actuaciones orientadas a revertir la decisión o iniciar la búsqueda de una propuesta por el mantenimiento de las capacidades industriales que minimice los impactos negativos asociados a la decisión, y adoptar un acuerdo de reindustrialización de la actividad.
Igualmente, el texto propone que los beneficiarios de subvenciones computadas a nivel de grupo empresarial que, en el conjunto de las Administraciones Públicas, superen los tres millones de euros en los últimos cinco años deberán mantener la actividad productiva al menos durante cinco años en el caso de grandes empresas.
La cifra se rebaja a tres en el caso de medianas empresas y dos en el caso de pequeñas empresas, entendiendo que se incumple esta obligación cuando procedan de manera efectiva a reducir en más de un 65% su producción o en 500 personas o más su plantilla.
Por último, se incide en seguir avanzando en un «marco normativo» que evite las deslocalizaciones empresariales asociadas al deterioro del mercado laboral y el dumping social y ambiental, que permita mantener el tejido y la inversión empresariales y que asegure el potencial de crecimiento de la economía, la consolidación de un mercado laboral robusto y los avances en derechos laborales justos y equitativos.
