El Gobierno quiere acortar plazos para un almacén geológico profundo de residuos nucleares antes de 2073

Enresa pide que el AGP se apruebe por ley dado su carácter de cuestión de Estado «atemporal»

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha señalado que el Gobierno quiere que España disponga «cuanto antes» un almacén geológico profundo para guardar de manera definitiva los residuos nucleares de alta actividad y el combustible gastado, cuyo funcionamiento está previsto en 2073, pero que podría estar con mayor antelación si se logra el adecuado consenso político, social e institucional.

En un seminario sobre el almacén geológico profundo (AGP) que se celebra en la Universidad Politécnica de Madrid, Aagesen confía en que con el nuevo aprendizaje se podría conseguir ese AGP «lo antes posible» pero con el «mejor conocimiento» técnico, las mejores experiencias como una base «sólida» y con el consenso necesario.

En ese contexto, ha garantizado que el Gobierno trabaja para aprobar el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos «cuanto antes» bajo el principio de responsabilidad con las generaciones futuras.

Para la secretaria de Estado, lograr ese consenso pasa por transmitir a la sociedad transparencia y que se actúa con responsabilidad y ha recordado que desde el primer plan general de residuos radiactivos, que se aprobó en 1987, España «siempre» ha considerado como opción definitiva para la gestión de los residuos nucleares de alta actividad y el combustible gastado un almacén geológico profundo.

Así, opina que en estos «tiempos complicados» que se viven «intensamente» y que generan tormentas «imperfectas» en el mundo en general y en Europa en particular, la política energética «debe guiarse desde el principio de responsabilidad» y, en concreto en lo que se refiere a los residuos radiactivos.

En este contexto, quiere que la sociedad española perciba «confianza y tranquilidad» a través de la aprobación «cuanto antes» del séptimo plan general de residuos contempla el cierre ordenado previsto del parque nuclear entre 2027 y 2035 que se remitió el pasado martes al Consejo de Seguridad Nuclear y a las comunidades autónomas para buscar el «consenso social, político e institucional».

Dicho plan, según ha precisado la secretaria de Estado, contempla siete almacenes temporales centralizados hasta la construcción del AGP y posterior traslado de los residuos a este, dado que es la opción «más sostenible y segura», según Euratom y la OIEA.

Así, ha indicado que el séptimo plan incluye ocho etapas previas hasta la puesta en funcionamiento del AGP que el plan general prevé que esté operativo en 2073. «Los plazos y los tiempos se podrán acortar en función de las etapas previas y del consenso parlamentario», admite Aagesen, que considera que el séptimo plan general de residuos nucleares «se ha hecho esperar demasiado».

Por su parte, el presidente de Enresa, José Luis Navarro, ha defendido que disponer del AGP «lo antes posible» permitirá liberar «totalmente» los emplazamientos nucleares y ahorrar costes, algo que asegura que para Enresa es «prioritario».

Navarro ha lamentado que pese a la unanimidad respecto a la idoneidad de un AGP el proceso nacional para su desarrollo se inició en los años 80 y 90 en varios países que han sufrido retrasos y en el caso de España su paralización en la mayor parte de los casos por razones de tipo sociopolítico respecto a la dificultad de elegir el emplazamiento y por el enorme reto científico y técnico que requiere.

Si bien, ha admitido que los proyectos tuvieron una clara orientación técnica pero no valoraron suficientemente la opinión social ni tuvieron en cuenta la participación pública en los procesos de decisión, aspectos que ha calificado como «fundamentales» y que ha reivindicado para lograr el éxito en el desarrollo del futuro AGP español.

AGP POR LEY

Por ello, dado que el «reto más desafiante» es el sociopolítico, ha pedido dar estabilidad al proyecto del AGP con una Ley aprobada con mayoría importante en el Parlamento y ha pedido a los poderes públicos que encaucen ese marco normativo.

«Hay que tomarlo como una de verdad cuestión de Estado atemporal que tiene que prevalecer sobre cualquier forma de gobierno», ha valorado ante un horizonte temporal en el que Gobiernos de España, de comunidades autónomas y locales que irán cambiando y la opinión pública evolucionando.

Además, ha recomendado aprovechar la experiencia de otros países más avanzados en este proceso, como Finlandia, Suecia o Francia para ser capaces de «acortar los plazos» de desarrollo y construcción de un AGP que se estiman en unos 40 o 50 años.

El presidente de Enresa ha destacado que España buscó emplazamientos hasta que el proceso se paró en 1996 por las dificultades sociopolíticas por las dificultades de búsqueda de emplazamiento, lo que llevó a paralizar el programa, por lo que ha reiterado la importancia de favorecer la participación pública.

«Tenemos la convicción de que en cuanto el séptimo plan general de residuos radiactivos esté aprobado, se empezará a desarrollar y a dar pasos sin perder tiempo», ha defendido.

Por su parte, el vicerrector económico de la UPM ha reclamado en materia de investigación nuclear y radiológica que España disponga de un centro tecnológico con celdas calientes para investigar con residuos radiactivos de alta actividad y el combustible gastado hasta la existencia del AGP.

En su intervención, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Juan Carlos Lentijo, ha confirmado que el organismo ha recibido el VII Plan general de Residuos Radiactivos para informar sobre el mismo en lo relativo a la seguridad nuclear, protección radiológica y física.

En los próximos años, ha dicho que el CSN tendrá que acometer al mismo tiempo desmantelamientos de centrales nucleares y supervisar el funcionamiento de otros reactores, para lo que serán «esenciales» los almacenes temporales individualizados hasta contar con los almacenes temporales descentralizados que incluye el plan general que guardarán estos residuos hasta su traslado al almacenamiento definitivo.

A su juicio, la solución que plantea el Gobierno para el almacenamiento definitivo es «coherente con las mejores prácticas en el mundo en esta materia» cuya responsabilidad es del Gobierno pero en la que participan varios actores.

De ese modo, ha garantizado que el CSN desempeñará en el AGP un papel «relevante» como revisor de la seguridad nuclear y la comunicación al público y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. «Ganarse la confianza del público no es una tarea fácil», ha reconocido Lentijo que señala que para el CSN ese proceso debe hacerse bajo la perseverancia en la independencia y el rigor técnico en pro de la aceptación social.