El Gobierno prevé un déficit del sistema eléctrico de entre 1.000 y 2.000 millones de euros en 2020
El Gobierno prevé un déficit de tarifa del sistema eléctrico de entre 1.000 y 2.000 millones de euros en 2020 debido a los efectos de la crisis del Covid-19 sobre la demanda y los precios del mercado, que han agravado la reducción de ingresos.
En su participación en un encuentro digital organizado por Aelec, el director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Manuel García Hernández, señaló que este déficit se trata de un «factor coyuntural» que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema eléctrico y que justifica la decisión del Gobierno de contar con un instrumento como el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el que se pretende repartir los costes de las renovables entre todos los sectores energéticos.
En 2019, el sistema eléctrico ya entró en déficit por primera vez desde 2013, después de haber encadenado cinco años consecutivos de superávit, tras registrar un agujero de casi 530 millones de euros.
El superávit del sistema eléctrico agregado generado desde 2014 hasta 2018 ascendió a 1.687,5 millones euros, aunque de este importe total se utilizaron casi 650 millones euros para hacer frente a procesos judiciales e inversiones en renovables en territorios extrapeninsulares, quedando así un saldo en la cuenta específica de depósito del superávit de algo más de 1.000 millones más los intereses generados para hacer frente a esos 530 millones de déficit de 2019 y otros futuros.
Por ello, una previsión de un nuevo déficit para 2020 de entre 1.000 y 2.000 millones de euros llevaría, tal y como establece la Ley, a la obligatoriedad de trasladar al recibo de la luz ese desequilibrio, lo que se busca evitar con la retirada progresiva de esos casi 7.000 millones de euros de ayudas a las renovables en el pasado a través del FNSSE.
En este sentido, el director general de Política Energética y Minas señaló que se ha constatado un «factor estructural», y es que el mecanismo diseñado en 2012 por el Gobierno del PP para contener el déficit eléctrico ya no sirve con el sistema actual, ya que estaba hecho para crecimientos sostenidos de la demanda, altos precios y un mix con carbón, nuclear y combustibles fósiles.
García Hernández valoró que el fondo verde es «una propuesta estructural y de calado que va en línea con la transición ecológica» y que tiene por objetivo garantizar «la confianza» en sistema eléctrico y dar «señales de precio».
«Hay que emitir señales claras hacia la electrificación de los distintos consumos industriales, comerciales y domésticos», dijo, añadiendo que también hay que evitar situaciones que puedan generar percepción de «incertidumbre o desconfianza y por tanto distorsionar la toma de decisiones y desincentivar inversiones».
En esta misma línea, coincidió la presidenta de Aelec, Marina Serrano, que consideró que el FNSSE es «un cambio sustancial» por las implicaciones que puede tener sobre la electrificación de la economía y en el cumplimiento de los objetivos europeos de descarbonización para 2030.
BENEFICIO PARA LAS RENTAS BAJAS Y MEDIAS.
Asimismo, el director general de Política Energética y Minas señaló que la implementación del FNSSE será gradual, a lo largo de cinco años, y que la reforma tendrá un efecto progresivo, beneficiando muy especialmente a las rentas bajas y medias.
Adicionalmente, afirmó que el Gobierno trabaja en un bono social multicombustible que aportará una protección adicional a los hogares más vulnerables, independientemente de su mix energético.
La aportación de las empresas al FNSSE será progresiva, partiendo de un total de 954 millones de euros -el 20%- a repartirse en el primer ejercicio, hasta asumir unos 4.765 millones de euros -el 100%- al quinto.
De esta cifra en 2025, el sector petrolero asumirá el 43,7% (unos 2.085 millones de euros), el eléctrico el 31,5% (unos 1.500 millones de euros) y el gasista el 24,8% (unos 1.181 millones de euros).
García Hernández aseguró que los impactos sobre los precios finales de los distintos combustibles dependerán del grado con que los comercializadores puedan decidir repercutir las obligaciones de aportación al fondo a dichos precios, lo que estará también relacionado con la estructura de coste de cada sector, el grado de competencia y los márgenes de las actividades y las estrategias comerciales.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estima que el fondo supondrá un descenso en la factura eléctrica al final de esos cinco años de un 13,2% antes de impuestos, unos 7,1 euros en la factura mensual.
