El Gobierno prevé aprobar el martes el techo de gasto de 2022, que incluirá nuevos fondos europeos

La nueva cifra contemplará un déficit público del 5% del PIB, tres puntos menos que este año

El Gobierno prevé aprobar el próximo martes en Consejo de Ministros el límite de gasto no financiero de 2022, conocido como techo de gasto , con el que da el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año, y que recogerá la llegada de nuevas partidas de los fondos europeos previstos por importe de 75.000 millones para estos tres años, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio Hacienda.

En octubre del año pasado el Consejo de Ministros aprobó el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2021, que aumentó un 53,7%, hasta los 196.097 millones de euros, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social para hacer frente a la pandemia y unos 26.000 millones de los fondos europeos.

De cara al próximo año, el Gobierno no ha desvelado los fondos que recibirá de la UE, pero si este año se aproximarán a los 20.000 millones y la estimación es recibir 75.000 millones entre 2021 y 2023, el monto total no será inferior a los 20.000 millones, eso sí, condicionados a que España vaya cumpliendo los hitos pactados con Bruselas.

Al igual que en 2020 y 2021, la Comisión Europea ha propuesto que las reglas que limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros sigan suspendidas en 2022 y vuelvan a reactivarse en 2023, una vez que las economías europeas hayan recuperado su nivel de PIB anterior a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

A pesar de la suspensión de las reglas fiscales, el Gobierno asegura que, a medida que las condiciones lo permitan, la política presupuestaria, que seguirá siendo expansiva el próximo año, se reorientará hacia posiciones fiscales «más prudentes», que reafirmen la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo. Por ello, para 2022 contempla uno «de los mayores descensos del déficit público», desde el 8,4% en 2021 al 5% en 2022.

La suspensión de las reglas fiscales, que tiene que ser aprobada por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea, está amparada por los artículos 135.4 de la Constitución y en el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El Ministerio de Hacienda estudia si es necesario que el Congreso de los Diputados vuelva a certificar, tal y como hizo en octubre del año pasado, que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifique la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y legitime así la decisión del Gobierno, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En cualquier caso, el calendario que maneja el departamento que dirige María Jesús Montero es que llegue al Congreso de los Diputados, para su presentación o votación, después del verano, en el mes de septiembre.

COMIENZA LA NEGOCIACIÓN DE LOS PGE 2022

Los Presupuestos para 2022 irán en línea con las orientaciones de política presupuestaria presentadas por la Comisión Europea, en cuanto a apoyo a la recuperación, evitando «una retirada prematura» de los estímulos y haciendo pleno uso de la financiación europea.

Los socios del Gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos ya han iniciado las negociaciones para la elaboración de las cuentas públicas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, confirmó que sería el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, el encargado de la negociación con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, al igual que ocurrió el año pasado.

La titular de Trabajo adelantó como ejes prioritarios la negociación sobre la reforma fiscal, garantizar el acceso a la vivienda con medidas que permitan un alquiler asequible, el despliegue de políticas que acaben con la crisis de los cuidados, que garanticen las prestaciones mínimas a la población y que combatan la precariedad laboral.

Sobre la reforma fiscal, uno de los ejes prioritarios para Unidas Podemos, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, así como la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, han insistido en varias ocasiones que se pretende abordar una vez se haya recuperado la economía, recordando que se ha puesto en marcha un comité de expertos que deberán tener sus conclusiones sobre la reforma del sistema tributario español en febrero de 2022, con lo que el grueso de la reforma no entraría en vigor hasta 2023, tal y como se refleja en el plan de recuperación.

LOS FONDOS EUROPEOS, CLAVE PARA LOS PGE DEL PRÓXIMO AÑO

Los Presupuestos de 2022 estarán marcados por la aplicación de los fondos contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el instrumento para canalizar los fondos europeos aprobados en julio de 2020, dentro del conjunto de instrumentos comunitarios englobados en el llamado Next Generation , dotado con 750.000 millones de euros, de los que España recibirá 140.000 millones.

El Ejecutivo español está terminando el proceso junto con la Comisión Europea para que se produzca el primer desembolso de prefinanciación de 9.000 millones, que se prevé en el curso del verano.

En la segunda parte del año llegará el pago semestral de 10.000 millones de euros, correspondiente al cumplimiento de determinados hitos y objetivos, por lo que el monto de recursos para este año ascenderá a un total de 19.000 millones.

De cara a 2022, los PGE incorporarán, no solo las transferencias correspondientes a los fondos, sino también se empezarán a solicitar los créditos necesarios para realizar el conjunto de actuaciones que forman parte de este Plan Recuperación y Transformación, que ya ha recibido la aprobación de la Comisión Europea, y que se incluyen en dicho ejercicio.

Según el Gobierno, las cuentas de 2022 apoyarán la estrategia del Ejecutivo, marcada, a corto plazo, por seguir apoyando la recuperación para salir de la crisis motivada por la Covid-19, y en el medio y largo plazo, por impulsar el proceso de transformación y modernización de la economía española que lleve a un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico, social, territorial y medioambiental.