El Gobierno presenta un recurso contra Aguayo por «invadir competencias regionales y nacionales» en los eólicos
El Gobierno de Cantabria (PP) ha presentado un recurso contencioso-administrativo, que ya ha sido admitido a trámite por el juzgado, contra el Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo (PSOE) por «invadir competencias regionales y nacionales» en materia de la instalación de parques eólicos.
En concreto, el Ejecutivo se ha personado contra un acuerdo municipal del 6 de marzo de este año, en el que se aprobó una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para suspender el otorgamiento de licencias en suelo rústico de especial protección.
Según ha señalado el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, en declaraciones a Europa Press, este recurso, realizado por los Servicios Jurídicos del Ejecutivo, se ha presentado porque «lo que no puede permitir el Gobierno es que un Ayuntamiento se salte unas leyes a la torera».
En ese sentido, ha explicado que en la Ley del Suelo se recoge que la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria de 2001 (artículos 112 y 113) declaran los parques eólicos como actuaciones de interés público.
Además, según Media, la Ley Regulatoria del Procedimiento Eólico de 2013 (artículo 6.2) dice que los parques eólicos son instalaciones declaradas de interés público y social a efectos urbanísticos.
Por tanto, el consejero ha afirmado que si ambas normativas son de interés público y social pertenecientes al Gobierno autonómico, «un ayuntamiento no puede suspender licencias».
Así, ha añadido que si desde el Consistorio se intentase modificar el PGOU y prohibir esas actuaciones, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) y el Ejecutivo regional tendrían que informar en contra y no aprobarlo porque «están invadiendo competencias que no son suyas».
«Claramente, (desde el Ayuntamiento) están extralimitando sus competencias», ha continuado Media, quien ha asegurado que el informe realizado por los Servicios Jurídicos del Gobierno es «demoledor» y que el Juzgado ya lo ha admitido a trámite.
«A partir de ahí, el Ayuntamiento tiene cinco días para contestar esa medida cautelar. Vamos a esperar porque vamos a ser muy respetuosos con la autonomía judicial y con esas resoluciones», ha apostillado al respecto.
Para Media, el Ayuntamiento dirigido por el socialista Eduardo Gutiérrez «ha utilizado un cauce legal que no está previsto» para evitar la instalación de polígonos eólicos y eso es una medida que el Ejecutivo presidido por María José Sáenz de Buruaga «no puede permitir».
A su juicio, un Consistorio puede oponerse a la construcción de estos parques eólicos mediante la presentación de recursos a sus autorizaciones, pero «lo que no puede es utilizar una artimaña que extralimita claramente sus competencias».
«Lo que nosotros decimos es que la administración está para hacer las cosas de forma legal, y si los parques tienen todos los informes sectoriales oportunos debidamente aprobados y han pasado todos los trámites, no hay nada más que decir», ha dicho Media.
En ese sentido, ha reafirmado que «lo mismo que otros proyectos se han ido cayendo sin ningún problema porque no contaban con esos informes», hay otros que tienen informes «positivos» y que, por tanto, se podrán llevar a cabo.
Por último, Media, que en su momento se reunió con el alcalde de San Miguel de Aguayo, y ha dicho que «tiene muy clara» la postura de Gutiérrez y que éste también tiene «muy clara» la del Gobierno.
«Ellos han utilizado unas formas que el Servicio Jurídico nos dice que no son adecuadas, y lo que es peor, no son las legales», ha añadido el consejero, quien ha subrayado que «ejerciendo nuestra autonomía hemos recurrido aquel acuerdo y esperamos que el juzgado nos dé la razón».
