El Gobierno no descarta que la segunda pata de reforma de pensiones se vaya a 2023 para hacerla con acuerdo

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no descarta que la segunda pata de la reforma de pensiones, que aborda el destope de las bases máximas y la pensión máxima y la mejora de la cobertura de las lagunas de cotización para carreras irregulares, supere el plazo inicial que se había comunicado a Bruselas, 31 de diciembre de este año, con el objetivo de que su aprobación se base en un acuerdo con los agentes sociales.

Así lo trasladan a Europa Press en fuentes del Departamento que dirige José Luis Escrivá, que insisten en que aún no renuncian a tener esta reforma en plazo y que, si éste se supera, no existirían problemas con la Comisión Europea, como no los hubo cuando la reforma del nuevo sistema de cotización para autónomos se pactó unas semanas más tarde de lo establecido en el Plan de Recuperación.

Para el Ministerio, lo importante es que esta segunda parte de la reforma de pensiones sea fruto del acuerdo con sindicatos y empresarios, como lo fue la primera parte de la reforma, en la que se estableció, entre otras medidas, la revalorización anual de las pensiones con el IPC.

Los contactos entre Seguridad Social y los agentes sociales se siguen desarrollando, pero lo cierto es que apenas quedan ocho días para fin de año. Tampoco hay ningún Consejo de Ministros extraordinario en el horizonte, sólo el ordinario del próximo martes, por lo que es muy difícil que la reforma de pensiones se apruebe antes de finalizar el año.

Para ello, haría falta que la negociación se acelerera en los próximos días y se lograra un acuerdo que llevara a convocar un Consejo de Ministros extraordinario, lo cual no figura por ahora en las previsiones de Moncloa.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, dio ayer por hecho que no habrá reforma de pensiones antes de 2023. La negociación, explicó, va «muy lenta», por lo que «en ningún caso», dijo, acabará antes de que finalice este año. «Le quedan bastantes capítulos a esta negociación», opinó.

Sobre la mesa figura la propuesta que el Gobierno presentó a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme a finales del mes de noviembre. En dicha propuesta inicial, el Ejecutivo planteó a los agentes sociales una ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, descartando los dos peores años de cotización, de forma que la pensión pase a calcularse con los mejores 28 años de cotización dentro de un periodo total de 30 años.

En concreto, según la propuesta inicial del Gobierno, el planteamiento del Gobierno es que el periodo de cálculo se vaya ampliando en cinco meses cada año del periodo 2027-2038, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos.

A los sindicatos no les gustó nada esta propuesta, no sólo porque acaba de finalizar la ampliación anterior, que situó el periodo de cálculo en 25 años, sino porque no cuenta con respaldo político suficiente, ni dentro del Parlamento, ni dentro del propio Ejecutivo de coalición.

Seguridad Social, por su parte, sostiene que no se ha sacado esta propuesta «de la manga», pues ampliar los años que se toman para calcular la pensión es un compromiso adquirido en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas.

Según palabras del líder de CCOO, Unai Sordo, esta propuesta sobre el periodo de cálculo está «distorsionando» la negociación para acordar la segunda pata de la reforma de pensiones.

En relación a la subida de las bases máximas de cotización, otro objetivo de esta segunda reforma, el documento inicial del Gobierno plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.

Así, entre 2025 y 2050, se propone que sean las leyes de Presupuestos de cada año las que fijen la subida de las bases máximas teniendo en cuenta los parámetros anteriores (el IPC y el alza adicional de 1,154 puntos). En caso de que la inflación promedio que se toma como referencia para subir las pensiones sea negativa, se aplicará únicamente el incremento adicional de 1,154 puntos.

Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propone que la pensión máxima suba también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.

A partir de 2050, el Ministerio propone que, en el marco del diálogo social, se determine el aumento adicional que habrá de aplicarse a la pensión máxima «hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%».

Tal y como se plantea también para las bases máximas, si la referencia de inflación es negativa, la pensión máxima sólo subirá en el aumento adicional establecido (0,115 puntos hasta 2050, según la propuesta del Gobierno).

La Seguridad Social también ha planteado en la mesa de diálogo social mejoras para cubrir las lagunas de cotización a efectos del cobro de la pensión y para reducir la brecha de género existente en la cuantía de las pensiones.

Inicialmente el Ministerio planteó que, cuando la brecha de género en pensiones fuera igual o superior al 5%, en los meses en los que no existiera obligación de cotizar, se integraran esas lagunas desde la mensualidad 49 a la 72 con el 60% de la base mínima de cotización de entre todas las existentes en cada momento.

Posteriormente, el Gobierno ha propuesto reforzar la cobertura de lagunas de cotización, elevando hasta el 80% el porcentaje de la base mínima entre los meses 49 al 72 para mujeres de entre 35 y 45 años y hombres que hayan sufrido en esos años una interrupción de su carrera laboral después de tener un hijo.

Al mismo tiempo, el Ministerio ha propuesto también una mejora de la cobertura de los periodos de excedencia por cuidado de familiares y de reducción de jornada por cuidado de hijos, y un crecimiento adicional a la revalorización anual del complemento de brecha de género entre 2024 y 2025.

Este complemento, vigente desde febrero del año pasado, consiste actualmente en una cuantía fija de 28 euros al mes por hijo, que se aplica desde el primer hijo y hasta un máximo de cuatro. Se solicita a la vez que se solicita la pensión.

Las propuestas del Ministerio contemplan, también, un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos.

NADA SOBRE EL MEI

No obstante, la propuesta inicial del Gobierno a los agentes sociales no incluye ninguna modificación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), por el que se establece, a partir de 2023 y hasta 2032, una sobrecotización del 0,6% a pagar por empresarios y sindicatos para afrontar las tensiones de gasto en el sistema que se derivarán de las jubilaciones de los baby boomers .

A la Comisión Europea, como ha reconocido el propio ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, no le acaba de convencer el MEI por ser una regla semiautomática, ya que esta sobrecotización se revisará para ver si tiene continuidad a partir de 2032 o se modifica por otra medida distinta. Bruselas es más partidaria de que se extienda hasta 2050.

El Ministerio no descarta ceder en ese punto y que finalmente esta sobrecotización se alargue hasta 2050, como pide, por ejemplo, CCOO. Pero en las propuestas iniciales a los agentes sociales esta medida no figuraba a la espera de convencer a Bruselas de dejar el MEI como está, es decir, hasta 2032.