El Gobierno moviliza 878 millones de euros para financiar los descuentos en el transporte público en 2025
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha movilizado 878 millones de euros para rebajar el precio del transporte público local y metropolitano a los viajeros habituales durante todo 2025, con el objetivo de impulsar el uso de alternativas de movilidad más sostenibles y seguras.
En concreto, ha activado 355 millones de euros para financiar los descuentos del 40% que se aplicarán entre julio y diciembre, 183 millones de euros para la gratuidad del transporte público terrestre en Canarias y Baleares durante todo el año y 10 millones de euros para rebajar los servicios públicos de bicicleta compartida.
Estos fondos se suman a los 330 millones de euros destinados a financiar los descuentos del 50% en el precio de los abonos y títulos multiviaje de transporte público urbano y metropolitano entre enero y junio.
Estas rebajas, ya en vigor, son una prórroga del sistema aplicado en 2024 y 2023 e implican que las comunidades autónomas y las entidades locales se comprometen a financiar un 20% del descuento, mientras que el Ministerio compensará el otro 30%. A partir de julio, ambas administraciones asumirán la mitad, un 20% cada una, aunque la autonómica podrá ampliar más el descuento si quiere.
Los potenciales beneficiarios, que son las comunidades autónomas y las entidades locales, ya pueden solicitar todas estas ayudas hasta el 30 de abril de 2025 a través de la sede electrónica del Ministerio.
Los descuentos a partir de julio, además de un mínimo del 40% en abonos y títulos multiviaje para toda la población, también implican la gratuidad para menores de 14 años y un descuento del 50% en abonos joven y títulos multiviaje joven.
Las comunidades autónomas o ayuntamientos que quieran recibir las subvenciones tendrán que tener implantado un sistema de tarifas para títulos multiviaje y abonos, tendrán que financiar un descuento de, al menos, un 20%, y contar con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) si tienen más de 50.000 habitantes.
En este sentido, será necesario disponer de un sistema de control de accesos, monitorización y seguimiento, y de un régimen sancionador activo, quedando excluido para esta consideración el sistema de avisos que pudiera haberse contemplado previamente.
