El Gobierno mantiene 20 millones para los afectados de talidomida, 6 millones a la ONT y 52 para la AEMPS
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, entregado este miércoles en el Congreso por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantiene la dotación de 20 millones para los afectados por la Talidomida y de 6 millones para la Organización Nacional de Trasplantes.
En el primer caso, el anteproyecto señala que existe una dotación para las nuevas ayudas para los afectados por la Talidomida en el periodo 1950-1985 reguladas por la Disposición adicional quincuagésima sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Y esta se mantiene en la misma cantidad que en 2012, así serán 20 millones de euros.
Del mismo modo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad, vuelve a recibir 52 millones de euros. Esta Agencia continuará en su labor de garantizar a los ciudadanos la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y productos sanitarios comercializados en España.
Los presupuestos destacan que sus actividades seguirán encaminadas a la autorización de ensayos clínicos con medicamentos y la autorización de investigaciones clínicas con productos sanitarios, seguimiento continuo de la seguridad de los medicamentos una vez comercializados y el control de su calidad, supervisión del suministro y el abastecimiento de los medicamentos a la sociedad y autorización de instalaciones de fabricación, esterilización, agrupación e importación de productos sanitarios, así como de las instalaciones de fabricación de biocidas, entre otras funciones que tiene encomendadas.
Por otra parte, dentro del Ministerio de Sanidad se dota con 6 millones de euros a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Todas las actuaciones de este organismo se encaminan a aumentar la disponibilidad de órganos, tejidos y células para trasplante, asegurar el acceso equitativo a la terapia del trasplante, así como a mejorar la calidad y la seguridad del proceso de donación de órganos, tejidos y células.
En el Ministerio de Consumo, pero participando de la política de Sanidad se encuentra la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, con una dotación de 18 millones de euros que tiene como finalidad garantizar el derecho de los ciudadanos a una alimentación segura y saludable, incluyendo la nutrición, la promoción de las dietas saludables, el ejercicio físico y el control de obesidad y asegurando la comunicación, información y formación objetiva a los consumidores y agentes económicos del sector agroalimentario español, desde el ámbito de actuación de la Administración General del Estado.
2.425 MILLONES PARA EL MUTUALISMO ADMINISTRATIVO
Por otra parte, la política de Sanidad también recoge los créditos gestionados por otras entidades del sector público estatal que son responsables de la asistencia sanitaria de determinados colectivos, a través de redes asistenciales propias o mediante conciertos con otras instituciones sanitarias.
La asistencia sanitaria prestada por el mutualismo administrativo ostenta el mayor peso del gasto de esta Política. Las entidades que integran el mutualismo administrativo (MUFACE, ISFAS y MUGEJU) gestionan la prestación de asistencia sanitaria, fundamentalmente, a través de conciertos con entidades de seguro libre, y también con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para aquellos beneficiarios que elijan esta opción.
Además de la prestación de asistencia sanitaria propiamente dicha, se recogen los créditos para la prestación farmacéutica y las prestaciones complementarias de las que son igualmente beneficiarios estos colectivos. Las entidades que conforman el mutualismo administrativo absorben el volumen más importante de recursos de la política asignando a la asistencia sanitaria de su colectivo un total de 2.425 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,9 por ciento respecto al año anterior.
Este incremento responde a la evolución del colectivo protegido y a los nuevos conciertos para el periodo 2022-2024, que incluyen incrementos significativos de la prima fija por titular al objeto de mantener los estándares de calidad de la prestación y dar cobertura a nuevas prestaciones que se incorporan en la cartera común de servicios del SNS.
Por otro lado, el Ministerio de Defensa aporta, además, créditos por importe de 160 millones de euros, destinados a la financiación de la asistencia hospitalaria prestada a través de los hospitales militares y que presenta como finalidad principal el apoyo logístico sanitario que precisa el personal militar en sus despliegues en operaciones militares debidas a nuestra pertenencia a la Alianza Atlántica, UEO y otros.
Los créditos encuadrados en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por importe de 309 millones de euros, destinados a la gestión, a través de las Gerencias de Atención Sanitaria respectivas, de las prestaciones sanitarias en el ámbito territorial de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, del Centro Nacional de Dosimetría en Valencia y de los Servicios Centrales del Instituto.
El incremento de 9 millones de euros respecto a 2022 es consecuencia, principalmente, de incremento de efectivos y mejoras retributivas (carrera profesional), equipamiento informático y de comunicaciones y farmacia. Además, se incluyen 18 millones de euros procedentes del Fondo de Recuperación y Resiliencia, con el fin de financiar la dotación de equipamientos del nuevo hospital de Melilla y ejecutar la construcción del nuevo edificio del Centro Nacional de Dosimetría de Valencia.
