El Gobierno licita siete contratos para conservar y explotar la AP-2 y la AP-7 por 137 millones

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha licitado siete contratos para la conservación y explotación de la AP-2 y AP-7 en Cataluña y Aragón con un presupuesto de licitación conjunto de 137,4 millones de euros.

Los contratos comprenden actuaciones en las autopistas de peaje AP-2 Zaragoza-El Vendrell y AP-7 Tarragona-La Jonquera, que finalizarán sus contratos concesionales el 31 de agosto de 2021 y que suman 375 kilómetros en Cataluña y 102 kilómetros en Aragón.

A finales del pasado mes de marzo, el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio que dirige José Luis Ábalos a licitar estos contratos por un valor global de 627 millones de euros, que inician una nueva tipología de contratación para la conservación y explotación de carreteras. Ahora, estas primeras licitaciones son para los primeros años de explotación.

Uno de estos siete contratos está dedicado a la gestión del Centro de Gestión de Vialidad y Operaciones de carreteras de Granollers (Barcelona), que tiene por objeto la centralización de comunicaciones, gestión del tráfico, incidencias, mantenimiento y vialidad, así como coordinación de operaciones de estos sectores.

Las otras licitaciones incluyen la gestión de las áreas de servicio de La Jonquera, Empordà, Gironès, Penedès, Medol, Altcamp, La Selva, Montseny, Vallès, Bellaterra y Porta Barcelona en la AP-7 y Montblanc, Lleida y Garrigues en el tramo catalán de la AP-2 y las de Pina, Monegros y Fraga en el tramo aragonés.

El Gobierno ha decidido establecer un nuevo modelo de conservación que persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

El objetivo es permitir que la carretera y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de vialidad y seguridad posibles, mejorar la vigilancia, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de las instalaciones.

También prevén establecer inventarios y reconocimientos del estado de la vía, una agenda de información de estado y programación, ayudar a la explotación y a los estudios de seguridad vial, así como explotar los elementos funcionales de las carreteras como las áreas de servicio existentes.

Este modelo separa de forma expresa los gastos e ingresos del contrato, estableciendo, de un lado, el presupuesto de gastos (costes de conservación y explotación, y pequeñas obras) y, de otro, el presupuesto de ingresos (canon a abonar como contraprestación por el derecho de explotación de las áreas de servicio y otros servicios públicos).