El Gobierno justifica que la Abogacía del Estado quisiera defender a un ex alto cargo de Transportes en el caso Koldo

El juez apartó a la Abogacía, cuya presencia había sido criticada por la Fiscalía Anticorrupción al ver un posible choque de intereses

El Gobierno ha justificado que la Abogacía del Estado participara en la defensa al que fuera subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez, investigado por el caso Koldo , alegando que se trata de un cargo público imputado por actos u omisiones relacionados con el ejercicio de su puesto.

En concreto, hacen referencia al artículo 2 de la Ley que regula la Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas, según el cual «los Abogados del Estado pueden asumir la representación y defensa en juicio de las autoridades, funcionarios y empleados del Estado, los Organismos Públicos a que se refiere el artículo 1 y de los Órganos Constitucionales, cualquiera que sea su posición procesal, cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el cargo».

Además, en la respuesta parlamentaria recogida por Europa Press, remarcan que la Abogacía del Estado actúa en todo caso, en el ejercicio de sus funciones, según lo previsto en el artículo 551 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas.

DEFENSA EN LOS DOS LADOS DE LA JUSTICIA

Fue la propia Fiscalía Anticorrupción quien avisó al juez del caso Koldo , Ismael Moreno, de una posible incompatibilidad de la Abogacía del Estado al asumir la defensa del entonces subsecretario por si más adelante quisiera personarse como acusación particular ante «ante el eventual delito contra la hacienda pública».

En concreto, el fiscal Alejandro Cabaleiro señalaba que no se oponía a que el exdirigente de Transportes eligiese la defensa que considerase oportuna, pero advertía del choque de intereses en el que podrían incurrir a futuro los servicios jurídicos del Estado.

El juez Ismael Moreno optó por apartar a la Abogacía del Estado de la defensa de Jesús Manuel Gómez al no haber aportado la autorización de la Dirección General de lo Contencioso necesaria para asumir su representación.

Y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se dirigió al Ejecutivo para pedir explicaciones al Gobierno con el fin de saber si Justicia cnsidera que «la abogacía del Estado tiene entre sus funciones la defensa de personas cesadas de sus cargos e investigadas por delitos de corrupción y contra la hacienda pública».

En otra de las preguntas, Gamarra pedía conocer qué opinión le merecía al Ejecutivo que la Audiencia Nacional haya «excluido» a los Servicios Jurídicos del Estado de la representación del exsubsecretario de Transportes y también, si a tenor de la decisión del magistrado, «ratificaba el Gobierno que la postura que tomó de asumir la defensa del imputado por el caso Koldo ha sido la correcta».

EL CONGRESO TIENE UNA VOTACIÓN PENDIENTE

Precisamente sobre este asunto el Congreso tiene pendiente la votación de una propuesta para exigir al presidente Pedro Sánchez que no use la Abogacía del Estado para emprender acciones judiciales contra miembros de la judicatura que investigan a miembros del Gobierno y sus familiares en casos de corrupción.

Se trata de una moción que los de Alberto Núñez Feijóo defendieron el pasado martes en el Pleno y cuya votación estaba prevista para el miércoles, pero finalmente fue pospuesta por las devastadoras consecuencias que dejó la DANA en múltiples zonas del país.