El Gobierno intenta esquivar legalmente la aplicación de mayores indemnizaciones en Renfe a partir de enero

Defiende que la puntualidad en Renfe ha subido un 40% desde agosto

El Gobierno continúa estudiando legalmente la forma de evitar mayores indemnizaciones por retraso en Renfe, una medida que el PP impulsó en una enmienda en el Senado y que tendría que entrar en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2026.

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Transportes, Óscar Puente, ha reiterado que el asunto está actualmente en estudio jurídico, al considerar que no es legal obligar solo a uno de los tres operadores que hay a devolver el dinero de los billetes si solo sus trenes se retrasan.

«Esto solo se exige a Renfe pero hay otras dos empresas operando, y se podría dar la paradoja de que se pare un tren de Ouigo, afectando a cinco trenes de Renfe detrás y que sea Renfe la única que tenga que indemnizar a sus viajeros», ha argumentado.

Fuentes del sector consultadas por Europa Press explican que la enmienda del PP obliga al Gobierno a encomendar a Renfe esta nueva política de indemnizaciones, pero no directamente a Renfe, por lo que el operador público podrá iniciar el año sin aplicar mejores indemnizaciones de las que ya tiene.

Cualquier reclamación tendría que ir dirigida al hecho de que el Gobierno no aplique la ley al encomendarle a Renfe esa nueva política, lo que supone una mayor complicidad legal que simplemente reclamarle a Renfe las nuevas indemnizaciones.

En cualquier caso, el ministro ha defendido que la puntualidad de los trenes de Renfe está mejorando en los últimos meses, asegurando que, desde agosto, este dato ha mejorado en un 40%.