El Gobierno insiste en que no controlará noticias en los medios ni fake news sino que vigilará injerencias extranjeras

El Departamento de Seguridad Nacional sospecha de una campaña de desinformación contra la vacuna del Covid

El objetivo del procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Gobierno no pretende controlar la información que publican los medios de comunicación ni vigilar la veracidad de las noticias, sino detectar injerencias extranjeras que busquen influir en la opinión pública española, según han explicado fuentes del Departamento de Seguridad Nacional.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este jueves este nuevo procedimiento por el cual el Ejecutivo monitorizará la información y podrá solicitar colaboración a los medios de comunicación para perseguir la «difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios».

Fuentes del Palacio de la Moncloa han insistido este viernes en subrayar la diferencia entre las fake news y la desinformación. Mientras que las primeras son noticias falsas fáciles de desenmascarar, la desinformación consiste en complejas campañas procedentes generalmente de una potencia extranjera que tienen el objetivo de influir a la opinión pública hacia una determinada postura.

Y para ello recurren a diferentes mecanismos que no suelen incluir las fake news , como bots en redes sociales o amplificaciones de un determinado mensaje mediante medios tecnológicos. Su objetivo es minimizar un determinado tipo de argumentos y potenciar otros para sesgar y polarizar a la opinión pública en determinados temas. Por ejemplo, al inicio de la pandemia de coronavirus se detectó un aumento desorbitado de seguidores en las cuentas de redes sociales del Ministerio de Sanidad que se demostró que eran perfiles falsos.

DESINFORMACIÓN EN ESPAÑA, PERO NO EN LAS ELECCIONES

El Departamento de Seguridad Nacional lleva ya dos años trabajando en la detección de desinformación, instado por la Unión Europea, y el nuevo procedimiento tiene el objetivo de incluir en el organigrama a los medios de comunicación y otros organismos civiles a los que podría recurrir el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Comunicación, en el caso de necesitar combatir una de estas campañas.

Desde el año 2018, los expertos en Seguridad Nacional han detectado en España alguna campaña de desinformación muy importante procedente del extranjero, pero no relacionadas con los sucesivos procesos electorales que se celebraron en 2019.

Sí que se han constatado estas campañas de influencia en la opinión pública en otros procesos en el extranjero, como el referéndum sobre el Brexit, las elecciones presidenciales de Francia en las que venció Emmanuel Macron o los comicios de Estados Unidos del año 2016 por las que Donald Trump llegó a la Casa Blanca.

Actualmente la Unión Europea sospecha de una campaña de desinformación contra la vacuna del Covid-19 y podría llegar el caso de tener que combatirla a través de una respuesta que se articule a través de los medios de comunicación.

Sin embargo, desde el Departamento de Seguridad Nacional advierten de que hay que ser cuidadoso sobre cómo se articula la respuesta, ya que se corre el riesgo de amplificar el mensaje que se quería combatir.

NO AFECTA A DERECHOS FUNDAMENTALES

Además, fuentes del Palacio de la Moncloa subrayan que todo el procedimiento está en manos de técnicos, que son los encargados de informar al Gobierno si se detecta una campaña de desinformación para que se decida la respuesta, si se informa a la Unión Europea o se pide la colaboración de los medios de comunicación.

Con ello, insisten en rebatir las sospechas manifestadas por expertos y los partidos de la oposición de que el Ejecutivo pueda usar este procedimiento con fines partidistas y reiteran que el objetivo es únicamente proteger a los ciudadanos de injerencias extranjeras.

En este punto, hacen hincapié en el que la orden ministerial publicada en el BOE no afecta a ningún derecho fundamental porque no busca el control de las opiniones o las informaciones de los medios de comunicación, algo que siempre requeriría de un mandato judicial, sino detectar si España está siendo víctima de una campaña de manipulación desde otro país o actores no estatales.